La censura y el autoritarismo

Como lo he estado comentando en este espacio desde hace varios años, lo que la mayoría de los electores hicieron al otorgar el Poder Ejecutivo y el Legislativo a un solo partido político es darle la posibilidad al grupo de personas que conforman el liderazgo de ese partido, de avanzar sin contrapesos hacia una agenda de cambios institucionales que, en la práctica, limitan o incluso eliminan la posibilidad real de ejercer derechos.

La reforma al Poder Judicial cumplió el objetivo de poner a todos los Poderes de la Unión bajo un mismo liderazgo político, ya que implica, en los hechos, su captura por parte del régimen. Como la mayor parte del siglo pasado, regresamos al régimen de partido único dominante, con influencia en los tres Poderes de la Unión y bajo el mando, de acuerdo al régimen político que vivimos la mayor parte del siglo pasado, de una persona o de un grupo muy reducido de personas.

Los cambios en los niveles más altos del Poder Judicial eran necesarios para continuar la modificación de leyes secundarias, organismos gubernamentales, etc., sin contratiempos; sin la "molestia" por parte del régimen de someter a control de constitucionalidad las leyes que va aprobando el legislativo según la guía marcada desde el sexenio pasado para que, poco a poco pero consistentemente, se vaya erosionando el andamiaje institucional mínimo para que un estado pueda considerarse democrático.

Mucho se ha comentado por parte de especialistas que las modificaciones institucionales que han ido erosionando la posibilidad real de ejercer derechos fueron siempre el objetivo principal del régimen político que comenzó el sexenio anterior.

En la campaña presidencial de 2024, la bandera de la reforma judicial mediante elecciones para elegir a personas juzgadoras a todos los niveles desde Juez (a) hasta Ministro (a), era la señal más directa al electorado respecto que el camino hacia adelante, si elegían esa opción política, era hacia un régimen cada más autoritario, sin contrapesos.

Ahora, siguiendo la hoja de ruta de cualquier país con régimen autoritario, comenzamos a tener a nivel estatal leyes que, muy probablemente, van a censurar la libertad de expresión en el espacio digital.

El congreso estatal de Puebla acaba de aprobar una ley que convierte en delito penal, con penas de hasta tres años de cárcel, el acoso en el espacio digital. Proteger a nuestras infancias y juventudes del acoso en el espacio digital es algo a lo que nadie se opone, el problema que tenemos quienes cuestionamos estas leyes claramente no es ese.

El problema con estas leyes, al menos en lo personal, es que su aplicación se vuelve tan laxa que muy fácilmente se convierten en instrumentos de censura al servicio del poder. Con los tres poderes bajo un mismo liderazgo; el ejecutivo, que para fines prácticos tiene influencia directa en la procuración de justicia, el legislativo, que define en la ley penal que conducta puede considerarse un delito y sus penas, y el judicial, que determina si con los elementos que le allega el ministerio público una conducta o hecho realizado por una persona o grupo de personas se configura o encuadra en lo que dicta la ley y, después de analizar el caso, dicta una sentencia.

Al concentrar las decisiones que tienen que tomar estas tres ramas del estado en una persona o en un grupo de personas, la línea entre una democracia con garantías mínimas a los derechos humanos y un modelo autoritario de gobierno, simplemente se borra.

La primera persona que decide si, por ejemplo, el dibujo de un caricaturista se encuadra en la conducta que castiga la ley vigente en Puebla es la persona supuestamente afectada que vive en esa entidad. Esa persona va a los organismos de procuración de justicia de ese estado y demanda la comisión de una conducta delictiva por parte de quién, por ejemplo, realizó varias caricaturas o realizó una serie de comentarios en redes sociales, que, a su parecer, citando la ley, "insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional".

Después de que se realiza una investigación y aportar pruebas, la segunda persona que tiene que decidir si esa conducta se enmarca en lo que dice la ley es un juez. En un sistema que garantiza independencia judicial, el juez valora las pruebas y dicta una sentencia de acuerdo a lo establecido en la ley y en su criterio jurídico.

Cuando la persona que demanda es tan poderosa que puede incidir en el desarrollo de la investigación y además puede "sugerir" a un juez que dicte sentencia en su favor, so pena de no apoyarlo en la próxima elección judicial o de castigarlo de otras maneras, vía el Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, no existe ya un estado de derecho que pueda garantizar justicia en los términos que marca, todavía, la Constitución.

X: @jesusmenav