Ley de Aguas Nacionales: 'en Durango, la veda paraliza el desarrollo e inversión', advierten

La nueva Ley de Aguas Nacionales representa riesgos y repercusiones que se deben subsanar a través de la legislación reglamentaria, consideraron integrantes del Consejo Consultivo del Agua en Durango.

En entrevista para El Siglo de Durango, el presidente de este consejo, Guillermo Pérez Gavilán, así como Miguel Salas, Miguel Sánchez y Eduardo Furken, expusieron los principales focos de alerta que inclusive han motivado protestas en varios estados del país.

Compartieron que estuvieron en la Cámara de Diputados externando sus inquietudes y propusieron cambios que al final no se contemplaron, por lo que ahora la esperanza es que se incluyan en la legislación reglamentaria.

El Consejo Consultivo del Agua se constituyó hace seis años y está conformado por académicos, empresarios, investigadores, juristas y ciudadanía en general, que trabajan de manera honorífica para colaborar en el tema del agua con la convicción de que si no se atiende ahora, habrá graves problemas en el futuro cercano. Por lo que es necesario gestionar y hacer rendir el líquido vital.

Veda en Durango

En Durango, representa especial preocupación el tema de la veda, que ya tiene más de 30 años, por lo que se considera que es urgente revisarla para determinar si sigue vigente.

Comentaron que la situación económica en la ciudad se ha complicado y, entre las pocas inversiones que subsisten, están los desarrollos, tanto residenciales como de interés social.

Al respecto, sobre la mercantilización del agua que ha acusado el gobierno, expusieron que hay irregularidades propiciadas por la propia autoridad, “a la hora que vamos con Conagua, nos dice: el Valle está vedado y no hay forma de darle esa agua. Entonces, recurrimos a Aguas del Municipio, que es el organismo descentralizado y le decimos: fui a Conagua y me dicen que no hay. Necesito una factibilidad para que tú me otorgues el agua y pueda obtener una licencia de urbanización. Y ahí me dicen: sí te doy la factibilidad, pero tú ve y consigue los derechos de agua pero ¿en dónde los voy a conseguir si Conagua que es el que me la debe de dar, no me la da porque dice que el Valle está vedado. Entonces nos obligan para poder trabajar a ir a buscar esa agua, como dicen ellos en el mercado negro”, comentaron.

Y es que, el agua, en teoría no se puede vender, pero hay irregularidades que lo promueven. “Mientras no se levante la veda, ¿de dónde vamos a sacar el agua?. Entonces, la misma situación que tiene la veda es la que obliga a esa mercantilización que le llama el gobierno”.

En tal sentido, consideraron que esto paraliza el desarrollo de la ciudad, ya que, incluso desde ahora, está detenida cualquier inversión que requiera agua.

Otros riesgos

Asimismo, entre las principales preocupaciones está el tema de las concesiones porque se limitan los mecanismos para otorgarlas y se hará a discreción y criterio de algún funcionario, por lo que se tiene que buscar que los títulos se puedan transferir de manera automática.

Además, representa un riesgo la centralización de facultades, ya que es un retroceso en torno al federalismo. Comentaron que las nuevas adiciones provocarán un caos porque le quitan facultades a estados y municipios, consejos de cuenca y módulos de riego y se le asignan a la Conagua, por lo que se prevé que las decisiones se tomarán desde un escritorio por parte de personas que desconocen la realidad local, ya que ni siquiera las delegaciones tendrán poder de decisión, lo que se considera muy grave. Además de que los trámites y los tiempos se podrían prolongar más de un año.

Otro asunto importante es el relacionado con la falta de presupuesto ya que, lejos de incrementarse, el recurso ha ido a la baja. Tomando como referencia el 2024, el presupuesto fue de alrededor de 62 mil millones de pesos, mientras que para 2025 fueron 37 mil mdp y se prevé que para 2026 sea menor, lo que limita la inversión en infraestructura y vigilancia, entre otros requerimientos.

“Estamos de acuerdo en que tenía que haber un acuerdo de ley, pero hubo un exceso”, plantearon.

Y coincidieron en que, aunque había casos específicos en los que hubo quienes se enriquecieron con el agua, serían la excepción, por lo que no se justifican los cambios aprobados.

Ahora la esperanza es que en la legislación secundaria se corrijan los aspectos que representan un retroceso y que ahora sí se discutan los argumentos que han aportado los distintos sectores.