Multa de 1.4 mdp a una abogada desata indignación nacional; destituyen a la jueza que la impuso
La sanción económica que una jueza de Tamaulipas impuso a una abogada por cuestionar su actuación en audiencia no solo encendió las redes, sino que derivó en su propia destitución del sistema penal acusatorio.
El caso, que involucra una multa de 1.4 millones de pesos, se ha convertido en un símbolo de abuso de autoridad, exceso disciplinario y del frágil equilibrio entre el poder judicial y el derecho a la defensa técnica.
Una audiencia que terminó en escándalo
Todo comenzó cuando la abogada Aglaeth González, litigante en un proceso penal, presentó una petición para que la jueza Mónica Pérez Chapa se declarara incompetente. Su argumento: la juzgadora no dominaba el procedimiento penal y estaba cometiendo errores que podían afectar a su cliente.
La jueza lo tomó como una falta de respeto. En lugar de limitarse a un apercibimiento, una expulsión temporal o una amonestación —opciones habituales en estos casos— decidió aplicar la sanción máxima prevista en la ley:
5,000 UMAs, equivalentes a ≈ .39–1.4 millones de pesos.
Una cifra que no solo rebasó lo jurídico, sino que detonó un debate nacional:
- ¿Puede un juez multar así por una crítica procesal?
- ¿Es esto castigar el desacuerdo?
La respuesta institucional: destitución inmediata
El escándalo creció tan rápido que el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas tomó acciones inmediatas.
La jueza Pérez Chapa fue destituida del sistema penal acusatorio y reasignada al sistema tradicional mientras se revisa su actuación.
La medida, explicaron autoridades judiciales, busca “garantizar el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio” y evitar que el ejercicio de defensa se vea inhibido por sanciones desproporcionadas.
En otras palabras: la jueza llegó demasiado lejos.
¿Por qué la multa se considera desproporcionada?
Especialistas en litigación argumentan que la actuación de la abogada no constituye una falta al decoro, sino una parte fundamental de su trabajo:cuestionar, señalar errores, pedir sustituciones, o incluso solicitar incompetencias son herramientas válidas de defensa.
Además:
- La ley prevé opciones mucho menos extremas antes de llegar a una multa millonaria.
- No hubo insultos, agresiones ni conductas disruptivas.
- El monto fue el máximo posible, sin justificación previa.
Este comportamiento es el que detonó la acusación pública de abuso de autoridad.
Reacciones: apoyo absoluto a la abogada
La comunidad jurídica cerró filas en redes, calificando la acción de “intimidación judicial”.Organizaciones de litigantes y defensores de derechos humanos advirtieron que permitir sanciones así sentaría un precedente “peligrosísimo” para cualquier abogado que cuestione a un juez en una audiencia.
Mientras tanto, la propia abogada mantiene un perfil bajo, pero se espera que emita postura en las próximas horas o días.
Pero la pregunta queda, ¿qué sigue?
- El Tribunal abrirá un expediente disciplinario para revisar formalmente la actuación de la jueza.
- La defensa de la abogada podría impugnar la sanción para anularla por completo.
- El caso ya está siendo revisado como posible violación al derecho de defensa adecuada.
Todo indica que habrá noticias adicionales mañana, por lo que esta nota es perfectamente actualizable si la abogada habla, si el Tribunal emite un pronunciamiento más amplio o si se suma presión del gremio jurídico.