Municipio de Lerdo: un negocio familiar
En política, hay decisiones que por su profundidad y consecuencias revelan mucho más que simples errores administrativos, pues exhiben una forma ruin y ambiciosa de ejercer el poder. El intento de aprobar un contrato ventajoso para la venta de aguas tratadas en Lerdo, es la confirmación de un patrón que se ha venido construyendo desde hace seis años y que hoy, continúa bajo la misma firma.
La administración encabezada por Susy Torrecillas en el municipio lagunero de Lerdo, esposa y ocupante del trono heredado por el ex presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, no solo encumbra la dinastía, sino además prolonga un modelo de gobierno que no actúa en beneficio del interés público, sino como intermediario de lucrativos negocios privados.
Y es que, el contrato para entregar entre 120 y 300 litros por segundo de agua tratada durante 30 años -a un precio irrisorio de 80 centavos por metro cúbico- no sólo compromete financieramente al municipio de Lerdo, sino que le arrebata su soberanía hídrica y jurídica, al impedirle incluso al municipio a defenderse legalmente en el futuro.
El daño económico por este contrato leonino con la empresa beneficiada, podría superar los 86 millones de pesos anuales. Vender agua tratada a menos de un peso por metro cúbico, cuando su costo real de producción oscila entre los 2.60 y 2.80 pesos, implica un daño patrimonial que es evidente. Cualquiera que sepa sumar y restar lo puede entender.
La normalización del abuso de poder no es gobernabilidad, sino autoritarismo disfrazado. Insistir una y otra vez en un contrato evidentemente perjudicial no puede explicarse como una torpeza, sino como complicidad. Como bien advirtió la diputada Georgina Solorio, estamos ante uno de los posibles actos de corrupción más graves que haya enfrentado el estado en los últimos años.
Comprometer volúmenes mínimos anuales, asumir costos de energía eléctrica, aceptar penalizaciones desproporcionadas y congelar el precio por tres décadas, no sólo viola principios de racionalidad financiera, sino que podría encuadrar en delitos graves de corrupción por manejo indebido de los recursos públicos.
Tanta insistencia en este contrato despide el hedor a corruptelas. Fue rechazado por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado; no logró mayoría calificada en Cabildo y, aun así, se pretende reintroducirlo bajo la figura de subasta pública, una maniobra que no elimina el vicio de origen y que podría configurar una desviación del poder: utilizar procedimientos legales con fines ilegales.
Otra justificación es que con eso se evitarían los brotes de aguas negras, lo cual es totalmente falso, ya que ese problema se debe a la arcaica red de drenaje que, durante los dos trienios de Homero Martínez, jamás se invirtió recurso ni en mantenimiento ni en renovación estructural, llevándola al colapso, desbordando por las calles líquido residual inmundo e insalubre para la población lerdense.
Hoy, la cuestión no es si este contrato debe aprobarse -porque no debería-, sino hasta dónde está dispuesta la pareja gobernante de Lerdo para imponerlo. Y, sobre todo, quiénes asumirán las consecuencias políticas, legales y morales si lo consiguen. Porque cuando el poder se usa para regalar lo que no es propio, el problema ya no es político, sino de legalidad.
EN LA BALANZA.- El caso de Anabel exhibe una de las fallas más sensibles del sistema de justicia en Durango. Cuando la investigación parece sostenerse más en presunciones que en pruebas sólidas, el proceso deja de ser legal para volverse profundamente humano. Perla Muñoz, hija de la señora, en la total desesperación e impotencia recorre ahora cientos de kilómetros para pedir auxilio directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Conversar con alguien no equivale a delinquir, y prolongar una detención bajo indicios endebles erosiona el principio de presunción de inocencia. La justicia no puede basarse en conjeturas ni en atajos; de hacerlo, se convierte en una injusticia institucionalizada.
X: @Vic_Montenegro