Postura. De acuerdo con Guilermo Anaya, Agua Saludable para La Laguna no ha funcionado como se proyectó, de ahí que urgió a concluir los trabajos pendientes.
En colonias de La Laguna, abrir la llave y esperar agua potable no debería ser un acto de fe. Sin embargo, para muchas familias, el acceso al agua sigue siendo una promesa incumplida. A más de dos años de su inauguración, el proyecto Agua Saludable para La Laguna continúa sin operar plenamente, dejando a su paso frustración ciudadana, dudas sobre la eficiencia del gasto público y una urgente necesidad de acción política.
Así lo indicó el diputado federal Guillermo Anaya Llamas, quien reiteró la importancia de que se pueda terminar este programa.
"El Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad y asignar los recursos necesarios para que este proyecto se termine de una vez por todas", declaró. Señaló que no se trata solo de infraestructura, sino de garantizar derechos fundamentales como la salud, la dignidad y el acceso a servicios básicos.
Recordó que el proyecto fue concebido como una solución integral para abastecer de agua potable a los municipios de Coahuila y Durango que conforman la Región Lagunera. Sin embargo, el sistema de tuberías y distribución enfrenta obstáculos técnicos que han impedido su funcionamiento óptimo.
Anaya dijo que desde el Congreso trabajará para incluir el proyecto en el próximo paquete presupuestal, asegurando que cuente con el respaldo técnico necesario para evitar nuevos retrasos.
Mencionó que el agua no es solo un recurso: es un derecho. Y cuando ese derecho se ve comprometido, las consecuencias se reflejan en la salud pública, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades.
En zonas donde el agua llega con intermitencia o en condiciones no aptas para el consumo, las familias se ven obligadas a gastar en alternativas costosas como garrafones o sistemas de purificación caseros. Esto representa una carga económica adicional, especialmente para los sectores más vulnerables.
"La salud y el acceso a servicios básicos son derechos fundamentales que deben ser garantizados", concluyó.