Productividad. Esta situación ya ha provocado diversas manifestaciones.
Se debe dar pleno apoyo por parte del Gobierno Federal a los gobiernos de Durango y Coahuila, que se comprometieron a resolver el problema de las extorsiones en La Laguna, consideró el presidente del Colectivo Ciudadano, Jesús Díez, quien opinó que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tendría que hacer presencia y erradicar estas prácticas en la región.
"Hacemos un llamado como ciudadanos y como gente de buen vivir y de buen trabajar para que también intervenga la Federación. Las denuncias que se han presentado en otros estados también involucran a la Federación, incluso ha habido peticiones expresas", manifestó.
Refirió que ciudadanos de los sectores productivos y académico, de La Laguna, señalaron en el último encuentro ciudadano que se organizó, "las irregularidades y el temor que está sucediendo en La Laguna por este grupo delincuencial que está haciendo de las suyas".
Por lo que consideró necesario que haga presencia en dicha región el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. "Porque ha ido creciendo. Desde el 6 de agosto nos decían las cámaras empresariales y los organismos productivos en La Laguna, que desde el 6 de agosto hubo una manifestación muy fuerte donde salieron aproximadamente 20 asociaciones y pararon la circulación, interrumpieron el flujo vehicular en los principales bulevares y las entradas de Gómez Palacio y Torreón. Entonces sí amerita que Harfuch voltee a ver la situación en La Laguna. Y no sólo en La Laguna, sino en los otros estados donde se han reiterado estas denuncias".
Y es que, añadió, lo que ocurre en La Laguna es algo grave que rompe el equilibrio social, político y económico. "Señalamos que CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), más que cumplir o decirse como sindicato, es un grupo prácticamente delincuencial que está chantajeando y extorsionando a gente de buen vivir en La Laguna", comentó.
Y agregó que no sólo se da esta situación en La Laguna, sino en otros seis estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, donde también se han hecho denuncias de extorsión, chantajes y amenazas, "pretendiendo adueñarse de los medios de producción, de personas que viven honestamente de su trabajo".