Perspectiva. Se consideraba incongruente imponer cárcel a estos aparatos, y no a drogas ilegales.
El Congreso de la Unión concretó la modificación de las penas aplicables a distribuidores y usuarios de vapeadores, lo cual fue celebrado por sectores de la oposición.
La diputada federal Patricia Jiménez Delgado consideró que fue una "tontería" tener que haber legislado sobre las penas de hasta ocho años de cárcel a consumidores y vendedores de vapeadores, cuando no se han implementado sanciones similares a quienes hacen lo mismo con drogas ilegales como la heroína, marihuana, cocaína y otras.
"Todas las drogas que se puedan ver, esas no las tocan, las puedes portar, las puedes consumir; sin embargo, los vapeadores tenían ocho años de cárcel", comentó.
Fue clara al señalar que se tuvo que ejercer presión de los legisladores federales de oposición para modificar las penas de prisión, pero manteniendo la prohibición en la venta y compra de vapeadores, como instrumento nocivo para la salud de los usuarios y su entorno.
Sin embargo, explicó que no fue fácil consolidar la eliminación de las penas de cárcel, pues los grupos mayoritarios en la Cámara prolongaron la discusión por espacio de ocho horas, sin mayores argumentos.