Presupuesto Participativo Durango 2025: la democracia que se maquilla
El Presupuesto Participativo luce, a primera vista, como un rostro ciudadano de la democracia. Pero tras el maquillaje del discurso participativo aparecen las arrugas del clientelismo, la simulación y la desigualdad en la competencia por los 100 millones de pesos de recursos públicos. Se presenta como un ejercicio de democracia directa, pero, en la práctica, termina siendo un escenario de disputa política. Lo que debería ser una herramienta para empoderar a los vecinos y mejorar su entorno, se ha convertido en un campo donde la movilización de votos, los intereses partidistas y la falta de transparencia ponen en duda su verdadera esencia ciudadana. De inicio, este mecanismo parece una gran noticia. Permite que las personas se sientan parte de las decisiones de su municipio, fortalece el sentido de pertenencia y puede ayudar a que los recursos se utilicen de manera más eficiente, porque nadie conoce mejor las necesidades de una colonia que quienes viven en ella. Cuando se aplica con transparencia y participación genuina, el Presupuesto Participativo se convierte en una escuela de ciudadanía y en un antídoto contra la desconfianza hacia las instituciones.
Sin embargo, la práctica muestra que este tipo de programas también enfrentan retos importantes. En Durango la competencia por los proyectos no siempre se define por la calidad o necesidad de las propuestas, sino por la capacidad de movilización. Asociaciones, agrupaciones o incluso actores políticos organizan campañas para promover ciertos proyectos y asegurar votos, lo que puede distorsionar el sentido original del programa. Así, mientras algunas colonias logran reunir cientos de votos gracias a su estructura o vínculos políticos, otras con igual o mayor necesidad quedan rezagadas por no contar con esos apoyos.
El riesgo es evidente: un programa pensado para empoderar a la ciudadanía puede transformarse en una herramienta de control político o en un espacio de competencia partidista. Si la votación se convierte en un ejercicio de clientelismo o de propaganda, la idea de participación pierde su esencia y el ciudadano vuelve a ocupar el papel pasivo de espectador. Otro desafío tiene que ver con la ejecución de las obras ganadoras. En ejercicios previos se han reportado casos de proyectos que no se terminaron o que quedaron a medias, especialmente en escuelas y espacios públicos. Cuando esto ocurre, el entusiasmo inicial se convierte en frustración. La gente vota, gana y espera resultados, pero si la obra no se concreta o no se entrega como se prometió, el programa pierde credibilidad. De poco sirve un proceso participativo si lo votado no se cumple a cabalidad o si los informes de avance no son públicos y accesibles.
A corto plazo, el Presupuesto Participativo enfrenta tres retos principales: garantizar que la competencia entre proyectos sea justa, que la ejecución sea transparente y que el seguimiento de resultados sea verificable. No basta con anunciar una lista de obras ganadoras; es necesario informar con claridad cuánto costaron, quién las ejecutó, en qué plazo se realizaron y cuál es su impacto real en la comunidad.
Al mismo tiempo, no debe perderse de vista lo valioso del ejercicio. El hecho de que 100 millones de pesos se sometan a decisión ciudadana representa un avance importante. Este tipo de programas acercan el gobierno a la gente, fortalecen la cultura democrática y pueden convertirse en una herramienta de transformación si se aplican correctamente. El desafío está en blindarlo contra la manipulación política y en construir mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir su verdadero impacto.
Para lograrlo, sería necesario incorporar algunas mejoras. Por ejemplo, crear una plataforma pública en línea donde cada proyecto se pueda consultar con su presupuesto, avances físicos y fotografías del proceso; incluir observadores ciudadanos independientes, como universidades o colectivos vecinales; y establecer reglas claras que prohíban el uso de recursos y estructuras partidistas durante la promoción de proyectos y la jornada de votación.
Además, sería deseable que el programa tuviera un componente de evaluación posterior: saber si las obras elegidas realmente resolvieron el problema que la comunidad buscaba atender. Esa retroalimentación permitiría ajustar el modelo y evitar repetir errores en futuros ejercicios.
Durango tiene la oportunidad de consolidar este programa, pero eso sólo será posible si se evita usarlo para beneficio de estructuras y comités partidistas. El gobierno debe garantizar transparencia y cumplimiento; la ciudadanía, informarse, participar y vigilar.
@AntonioBrachoM