¿Quién es Abrego García, el salvadoreño que fue deportado de Estados Unidos por 'error'?
Kilmar Armando Abrego García, residente en Maryland desde 2012, se convirtió en protagonista de una historia insólita cuando en 2025 fue deportado por error a El Salvador.
Aunque contaba con una protección judicial desde 2019 debido a amenazas de pandillas en su país natal, su expulsión ocurrió bajo acusaciones infundadas, sin cargo criminal, por supuestos vínculos con la pandilla MS-13.
Su caso generó una batalla legal encarnizada, una juez federal ordenó su retorno inmediato, un plazo que el gobierno no cumplió, y solo tras recurso en la Corte Suprema, y luego de casi tres meses, fue finalmente repatriado para enfrentar un proceso penal que amenaza con un futuro incierto
Acusaciones graves
El 6 de junio, ya de regreso en Estados Unidos, Abrego García se presentó ante la justicia federal en Nashville acusado por un gran jurado de dos cargos de conspiración y transporte ilegal de inmigrantes desde 2016 hasta 2025, entre ellos al menos una menor de 15 años.
La fiscalía sostiene que coordinaba pagos y rutas, que transportó pandilleros y menores, y que hay evidencia como registros de llamadas y un video de un operativo en Tennessee en 2022.
Sin embargo, la defensa lo declara inocente, tacha a testigos de “soplones” que habrían sido premiados con privilegios, y recalca que no existen antecedentes penales ni condenas previas que prueben su pertenencia a pandilla. En audiencia, Abrego se declaró no culpable y su equipo impugna la detención preventiva, apuntando a que estos cargos, peores son los de conspiración que no implican custodia, no justifican mantenerlo en prisión mientras se lleva a cabo el juicio.
Deportaciones extremas y excesivas
El caso de Abrego García ha trascendido más allá de lo penal, es un ejemplo del impacto devastador de decisiones migratorias equivocadas. Su deportación equivocada, admitida por el gobierno, y el cariño de su familia, con esposa ciudadana y tres hijos, instalan un debate sobre abusos del sistema, discriminación y falta de controles en procesos de expulsión masiva.
Mientras tanto, la fiscalía presiona por mantenerlo preso, alegando riesgos de fuga y obstrucción, del otro lado, su defensa prepara demandas por desacato al gobierno y violación a órdenes judiciales previas.