Prevención. La iniciativa fue turnada a Comisiones para su análisis y dictaminación.
A fin de darle énfasis particular a la salud niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los No Fumadores del Estado, con el propósito de colocar la prevención del tabaquismo como una materia prioritaria para las políticas públicas estatales.
"Los menores de edad, las mujeres embarazadas y las personas adultas mayores enfrentan un mayor riesgo al exponerse al humo de segunda mano. Al declarar la prevención del tabaquismo como prioridad, buscamos romper la normalización del consumo y promover entornos más sanos para las nuevas generaciones", señaló la diputada local Verónica González Olguín.
Agregó que el principio del interés superior de la infancia no es una frase decorativa, sino un mandato jurídico y ético que obliga al Estado a colocar a niñas, niños y adolescentes como prioridad absoluta en toda decisión pública.
De acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, la orientación, la educación y la prevención son factores esenciales para evitar el consumo, especialmente entre menores de edad y grupos vulnerables. Por ello, la diputada destacó la necesidad de que la legislación local esté alineada con estos compromisos nacionales y con la evidencia científica que demuestra los graves efectos del humo del tabaco, incluso en quienes no fuman directamente.
"La vida y la salud de las familias deben ser el centro de toda acción pública. Cada política y cada ley deben garantizar la mayor satisfacción de las necesidades de salud, educación y desarrollo integral de las personas, particularmente de quienes más requieren protección", expresó la legisladora.
Asimismo, subrayó que legislar para prevenir es legislar con visión de futuro, ya que cada medida preventiva adoptada hoy evita enfermedades, reduce gastos en salud y previene sufrimiento.
Afirmó que la iniciativa representa un acto de justicia social que contribuye a reducir brechas de riesgo y cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de infancia, salud y derechos humanos.