Siguen los mensajes de desconfianza hacia Durango
Por más que desde el discurso oficial se repita que existe coordinación plena entre la Federación y el Gobierno de Durango, el caso de Édgar "N", alias "El Limones", demuestra exactamente lo contrario. No se trata de percepciones, sino de hechos: quién investigó, quién actuó, quién ejecutó las órdenes de aprehensión y, sobre todo, quién quedó al margen por no ser confiable.
La captura de "El Limones" -insistimos- exhibe una fractura política y operativa que, el gobernador Esteban Villegas, intenta maquillar desviando hacia los medios la conversación sobre el punto de relación entre el detenido y la CATEM. Un vínculo que, por cierto, no es nuevo, no es secreto y no es el centro fundamental del problema.
Sin embargo, el verdadero fondo del asunto es otro. Y es que, durante más de año y medio, empresarios, transportistas y productores denunciaron extorsiones sistemáticas en La Laguna Durango sin que el gobierno estatal actuara con eficacia. Esa omisión terminó por convertir al propio gobierno local en sospechoso de inacción y complicidad.
Mientras en Durango las denuncias se filtraban y los denunciantes eran amenazados al día siguiente, la Federación avanzó. Y lo hizo rápido. En apenas tres meses, se integró una investigación sólida, se catearon inmuebles -incluidas instalaciones sindicales-, se obtuvo una orden de aprehensión desde Coahuila y se ejecutó un operativo sin participación de las autoridades duranguenses.
No solamente se logró la detención del objetivo prioritario, sino el desmantelamiento de una buena parte de su estructura financiera y criminal. Esa sola secuencia explica por qué el Gobierno de México, específicamente el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, decidió rotundamente no confiar en Durango.
No obstante, hablar a medias también es una forma de mentir. Esteban Villegas optó por una narrativa selectiva al insinuar la cercanía de "El Limones" con la CATEM-, pero guarda silencio sobre lo verdaderamente incómodo: las fotografías que lo vinculan a él, la ausencia de su gobierno en el operativo y las acusaciones directas de que información sensible se filtró desde su Fiscalía.
En la otra cara de la moneda, el gobierno federal ha sido cuidadoso, incluso quirúrgico. Harfuch no negó ni confirmó vínculos sindicales o políticos; simplemente, colocó el énfasis donde inicial y jurídicamente corresponde: extorsión y delincuencia organizada. Lejos de proteger a alguien, dejó claro que las investigaciones siguen abiertas.
Más revelador aún fue el mensaje político implícito en los agradecimientos públicos. Harfuch volvió a reconocer únicamente a Coahuila por facilitar el marco legal, agregando que aportó información clave y acompañó en la investigación. A Durango, -otra vez- ni una mención. No es descuido, sino la confirmación de que, para la Federación, el problema no estaba solo en una célula criminal, sino en el entorno institucional que la toleró.
El caso "Limones" no solamente es un golpe contra la extorsión; es una radiografía política. Muestra a un gobierno federal decidido a intervenir donde los gobiernos estatales están fallando, y donde un gobernador está más preocupado por controlar la narrativa que por admitir y explicar sus omisiones. En ese choque, Durango y Esteban Villegas siguen sin salir bien parados.
EN LA BALANZA.- La toma del Edificio Central de la UJED por los dos sindicatos revela la crisis financiera y de gobernabilidad que las autoridades universitarias han venido minimizando. El retraso del aguinaldo -un derecho laboral básico- pone al desnudo no solo una mala planeación administrativa, sino una cadena de engaños y opacidad que erosiona la confianza de trabajadores y jubilados. Ya lo advertíamos cuando Ramón García fue impuesto como Rector de la Máxima Casa de Estudios.
X: @Vic_Montenegro