Respeto. Se estableció como agravante que se cometa por una persona que se valga de su función pública para cometer el delito.
El Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia para erradicar las denominadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género) en Durango.
El documento incorpora la adición de los artículos 182 QUINQUIES y 182 SEXIES al Código Penal del Estado, imponiendo de dos a seis años de prisión, multa y trabajo a favor de la comunidad en los ámbitos de derechos humanos, diversidad e inclusión a la persona que realice, imparta, aplique, promueva, publicite, facilite, induzca, organice u obligue, por sí o por interpósita persona, terapias de conversión, entendidas estas como prácticas, terapias, métodos, tratamientos, consejerías, programas o conductas que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
El diputado local Martín Vivanco Lira explicó que esta reforma penaliza cualquier intento de modificar, revertir o "corregir" la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, práctica que constituye una forma de tortura.
"Es una gran noticia, porque estas terapias lo que presuponen es que hay algo que curar cuando tienes una identidad de género. Es decir, si eres homosexual, si eres lesbiana o si tienes una expresión sexual diferente, hay quienes piensan que eso es una enfermedad. Y esas formas las ocultan a través de supuestas terapias, que en realidad pueden llegar a ser tortura, incluso violación", resaltó.
El legislador abundó que el dictamen incluye que se trata de un delito que se perseguirá de oficio y que es causa de atipicidad la voluntad o consentimiento del sujeto pasivo, siempre que sea libre de cualquier tipo de violencia, coacción o engaño.
"La penalización de esta conducta manda una señal muy fuerte: nadie tiene derecho a intentar determinar la identidad o la orientación sexual de otra persona. Es un acto de violencia y de tortura moderna que debe erradicarse de nuestra sociedad", subrayó.
Vivanco Lira también señaló la importancia de vigilar a centros de rehabilitación o clínicas que operaban bajo el disfraz de ofrecer terapias de conversión, muchos de ellos originalmente dedicados a atender adicciones.
"Muchos de estos lugares encubren su verdadera finalidad, maquillan sus prácticas o usan eufemismos para justificar lo injustificable. Por eso, ahora que está en el Código Penal, debemos reforzar la vigilancia y socializar esta información. No es cualquier cosa, es una transformación profunda de cómo protegemos los derechos humanos", puntualizó.
Asimismo, el diputado aclaró que la ley contempla agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, así como atenuantes para padres o madres que, de buena fe o por desconocimiento, hubieran promovido estas prácticas.
El dictamen fue aprobado por 19 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.