Plataforma y responsable deberán indemnizar a la familia de Luis Manuel por accidente fatal
La familia de Luis Manuel Santos Valenzuela, el joven conductor de Uber de apenas 22 años que falleció tras ser embestido por una camioneta RAM TRX el viernes 25 de julio, recibirá indemnización tanto del presunto responsable como de la plataforma de transporte donde trabajaba.
El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, sobre el bulevar Francisco Villa, justo en el cruce con Felipe Pescador, en la ciudad de Durango. Luis Manuel circulaba en su vehículo tipo Dodge Attitude transportando a cuatro personas visitantes de Estados Unidos, cuando la TRX impactó su unidad y el conductor huyó del lugar.
Horas después, el presunto responsable identificado como Carlos O. V., de 34 años, fue arrestado por la Policía Investigadora de Delitos. Declaró que había ignorado la luz roja del semáforo, lo que desencadenó el choque fatal. La carpeta de investigación fue abierta por homicidio culposo, y las autoridades consideran agravantes como la huida tras el accidente, lo que podría aumentar la pena hasta 15 años, según el Código Penal de Durango.
El acuerdo de indemnización cubre a los deudos de Luis Manuel, gastos médicos de las personas lesionadas, daños materiales y cláusulas contractuales que involucran a la plataforma de transporte a la que el conductor estuviera trabajando.
Plataforma de transporte debe de responder por el fallecimiento del conductor
Versiones que circularon tras el accidente señalaban que Luis Manuel trabajaba para la plataforma UBER, sin embargo, representantes de la compañía aclararon que el conductor no formaba parte de equipo de colaboradores.
Esto deja abierto a las investigaciones que determinen la responsabilidad laboral que cubrirán al trabajador.
Marco Legal
En México, en diciembre de 2024, se aprobó una reforma que reconoce derechos laborales a repartidores y choferes de apps, lo que permitiría su afiliación al IMSS y acceso a prestaciones en caso de accidentes.
La ley, que entró en vigor, el pasado 1 de julio, marca un precedente sobre la responsabilidad extendida de las plataformas digitales en incidentes laborales.