Postura. El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) exige la inclusión de Durango en la estrategia nacional contra la extorsión.
El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que el Estado de Durango sea considerado como prioritario dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ante un preocupante patrón de cobro de piso institucionalizado en la región Laguna.
Aunque las cifras oficiales muestran un número reducido de carpetas de investigación por extorsión en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el CCI advierte que la realidad es mucho más grave. Diversos desplegados públicos de empresarios y productores, con cobertura nacional y regional, han documentado prácticas sistemáticas de extorsión que presuntamente involucran a autoridades locales.
El temor a denunciar por represalias ha generado una cifra negra que, según el organismo, no está siendo considerada en la metodología actual de priorización federal.
El Consejo propuso tres acciones concretas para atender la problemática: la activación de una Unidad Especial Regional integrada por la SSPC, FGR, UIF y Guardia Nacional, enfocada en investigación y protección; una auditoría financiera por parte de la UIF a empresas vinculadas con el cobro de cuotas, intermediarios y módulos de riego del Distrito 017 en Durango; y la implementación de un protocolo de protección para denunciantes y testigos.
Desde el CCI Laguna se reconocieron los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en otras entidades, pero se insiste en que Durango no puede seguir siendo ignorado. "Confiamos en la sensibilidad y compromiso del Gobierno Federal para atender esta problemática que afecta gravemente a la economía local", señaló el organismo.
La solicitud busca visibilizar una realidad que, aunque no reflejada en cifras oficiales, está presente en el día a día de los sectores productivos de la región.