A 20 años del inicio de la guerra
El 11 de diciembre se cumplen 20 años del inicio de la llamada “guerra contra las drogas” en México. Ese día se anunció el “Operativo Michoacán” con el despliegue de más de 4,000 soldados. Para enero de 2007, el Gobierno Federal, a cargo de Felipe Calderón, informó nuevos despliegues militares en Tijuana, Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Para 2008, los “operativos conjuntos” se habían vuelto una parte cotidiana de la vida pública. Nos acostumbramos a ver a militares en carreteras y centros urbanos, a leer sobre enfrentamientos y anuncios de “presuntos delincuentes” abatidos, a convivir con narcomantas, cuerpos colgados de puentes, extorsiones, comercios incendiados, retenes militares o criminales.
La guerra contra las drogas (y su estrategia, si puede llamarse así) ha traído graves costos en términos de seguridad, calidad democrática, derechos procesales, justicia social, igualdad, libertades, construcción del Estado de derecho e instituciones civiles. El deterioro que ha implicado en la calidad de vida nos obliga a reflexionar sobre lo que fue, lo que es y lo que queremos como sociedad. Durante las próximas semanas usaré este espacio para escribir acerca de la evidencia generada a lo largo de estos 20 años y que permite documentar dos décadas de guerra, así como sobre otros paradigmas regulatorios y morales.
Algunas personas quizás digan que los problemas de inseguridad, de injusticia y de debilidad institucional anteceden y van más allá de la política de drogas, y que un cambio en la regulación de drogas es insuficiente para desandar el daño provocado. Es verdad. Sin embargo, la política de drogas es un buen lugar para comenzar una reflexión y un cambio (habrá que iniciar otros). La prohibición —desde su planteamiento hasta su aplicación— está cruzada por los temas centrales de cualquier democracia actual: derechos, salud, medio ambiente, seguridad, participación, justicia.
Un informe reciente del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Contexto de la Aplicación de la Ley (de la ONU) señala que las leyes, políticas y prácticas de aplicación de las leyes de drogas generan desigualdades raciales de manera sistemática. Esto sucede en “todas las etapas de la aplicación de las leyes”, desde la actuación policial, el uso de la fuerza, los procesos judiciales, la imposición de penas y el tratamiento después del encarcelamiento. Este modelo está, además, atravesado por otras formas de discriminación como el género, la juventud y la migración. El informe no habla de México sino de un modelo que, a nivel global, produce desigualdades innegables.
En nuestra guerra, las víctimas han sido las juventudes (racializadas y marginadas), las personas migrantes, las mujeres buscadoras y las hijas e hijos desaparecidos. Quienes mueren en enfrentamientos son jóvenes, y también lo son quienes son reclutados forzosamente o encarcelados. Son jóvenes también quienes principalmente consumen, sin saber qué consumen ni cuáles son los riesgos de hacerlo, porque es preferible encarcelar que informar. La política de drogas permite ver la relación que existe entre la ciudadanía y el Estado, también aquello a lo que apuesta la sociedad. Somos una sociedad que castiga, militariza y restringe derechos, no una que destina recursos a la prevención o a la salud. ¿Quién decidió esto y por qué?
@cataperezcorrea