Aquí el fracking será frenado: mensaje a Claudia Sheinbaum
Autoridades comunitarias de los pueblos Náhuatl y Tenek de 13 municipios y diversos organismos civiles de la Huasteca Potosina; representantes indígenas y del movimiento popular de la Sierra Norte de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Guerrero y de redes nacionales como la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la Red Nacional de Sistemas y Comités Comunitarios del Agua, dieron a conocer el Pronunciamiento del 5° Foro No al Fracking que se realizó el 5 de junio de 2026, Día Mundial del Medio Ambiente, en el paraje El Nacimiento, a orilla del río Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, Huasteca Potosina. Acordaron por consenso la siguiente declaración.
El fracking es destrucción y muerte. Está demostrado que dicha técnica es sumamente destructiva de la base material en que se sustenta la vida, porque contamina el agua, el suelo y el aire, y con ello mueren los microorganismos y las diversas especies animales y vegetales. La vida social, cultural y económica se modifica drásticamente hasta sucumbir. Por eso, la lucha de los pueblos, comunidades y los diversos sectores de la sociedad en la Huasteca Potosina se mantendrá firme y se acrecentará hasta frenar esta amenaza, hasta prohibirla desde abajo y en el marco constitucional.
Todo intento por aplicar esta técnica devastadora será rechazada de forma organizada, firme y con la movilización pacífica en el marco de las leyes para salvaguardar los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
La organización implica el fortalecimiento de los procesos asamblearios como forma de participación directa de la sociedad en la toma de decisiones. La movilización pacífica se seguirá expresando de forma pública, propositiva y cada vez más amplia en todos los espacios de nuestro territorio, en las plazas públicas y en los medios de comunicación, estableciendo las alianzas en todos los niveles y espacios territoriales, incluyendo las alianzas nacionales e internacionales.
La implantación de proyectos destructivos de nuestro territorio, ajenos a los intereses de los pueblos y de la población que habita en él, no tiene más cabida. Solo podrán ser incluidos aquellos que garanticen la protección de los ecosistemas, mejoren la calidad de vida y garanticen la participación social.
La soberanía energética debe orientarse en acelerar la transición hacia el uso de energías renovables con justicia y para beneficio de los sectores mayoritarios de la población.
Basarse en lograr la soberanía energética a través de mayor uso de combustibles fósiles que tienen tiempo de caducidad, conduce a dependencia de intereses externos y al bloqueo de las capacidades y potencialidades soberanas.
Frenar de inmediato el uso del fracking para la extracción de gas y petróleo es una medida necesaria y urgente para evitar la conflictividad social a todas luces innecesaria, y por demás empujada por intereses extranjeros.
El mejor método para fortalecer la unidad interna es empatar las políticas públicas con las exigencias populares y los acuerdos institucionales en materia de derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las exigencias del cambio climático.
El grupo de expertos designado por la presidencia de la República tiene la obligación de actuar con honestidad, profesionalismo y ética. No hay fracking sustentable. En sus manos está la suerte de miles de familias, cientos de comunidades, decenas de pueblos, de los ecosistemas y de la viabilidad de la vida social, cultural y económica de nuestra región.
El Ejecutivo Federal debe cancelar esta técnica de muerte.
Es imprescindible, por ello, que el Ejecutivo Federal reoriente la política energética contenida en el Plan Estratégico Pemex 2025-2035, frene de inmediato el uso del fracking e impulse la prohibición en el marco constitucional.
En paralelo, acreciente el presupuesto orientado claramente a transitar hacia la adopción de energías renovables, con justicia y para beneficio de los sectores mayoritarios de la población. Hay recursos económicos y condiciones medioambientales para su concreción.
Esta reorientación de la política energética debe involucrar al sector social de la economía, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, núcleos agrarios y el sector cooperativista.
Los pueblos y comunidades indígenas ya hemos sido ampliamente autoconsultados desde que se nos quiso imponer el fracking durante el periodo 2014-2018, motivo por el cual el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su discurso del 5 de octubre de 2018, manifestó que esta técnica no se permitiría ni en San Luis Potosí ni en México. Para esa ocasión 9 municipios de nuestra región ya se habían declarado libres de fracking y las legislaturas entrante y saliente se sumaron a la demanda de prohibir esta devastadora técnica.
Hoy, ante la amenaza de reactivar el fracking para la extracción de gas y petróleo, ratificamos el rechazo unánime y contundente, porque no hay fracking limpio ni sustentable, y porque defendemos la vida en todas sus expresiones, así como la vigencia cultural de nuestros pueblos.
La sociedad, y en especial los pueblos y comunidades indígenas que representamos el 70% de la población de la Huasteca Potosina y la mayor parte de su territorio, reclamamos una verdadera participación en las decisiones de políticas públicas, pues, además de proteger la riqueza natural de las aguas, bosques, selvas y tierras, también aportamos a la economía y sustento de la población.
Los pueblos y comunidades indígenas, por ende, debemos contar con la garantía del respeto a los derechos para ejercer la libre determinación y autonomía para vivir con dignidad.
El Nacimiento, Huehuetlán, S.L.P., junio de 2026.
kardenche26@gmail.com