Buscan combatir la sobreexplotación del agua con regularización de concesiones en Durango
Con un programa ambicioso de regularización de todas las concesiones o asignaciones para los diferentes usos del agua en Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca combatir la sobreexplotación.
El programa de regularización, que ya se encuentra vigente y lo estará un año porque cierra hasta el 17 de julio de 2027, es para que todos los usuarios se puedan actualizar con los títulos y se encuentren dentro de una situación legal en cuanto al aprovechamiento del agua, ya sea para uso agrícola, doméstico, público urbano, agropecuario o una combinación de estos, al igual que las unidades de riego, distritos de riego, entidades federativas, municipios, etcétera.
“Eso nos favorece a todos para poder recargar los acuíferos y tener precisamente en un futuro un banco de agua. Lamentablemente, en los últimos 40, 50 años ha habido una sobreexplotación, acaparamiento, con uso ilegal del agua”, explicó Roberto Delgado Gallegos.
Indicó que la regularización brinda certeza jurídica al usuario, y a la dependencia permite tener un panorama más claro respecto a las concesiones, para que todo esté transparente y actualizado.
“Vamos a desplegar toda la estructura operativa de la Comisión Nacional del Agua para apoyar a todos los usuarios, darles todas las facilidades, toda la asesoría para que puedan regularizar sus títulos vencidos”.
Aclaró que no se trata de regularizar pozos irregulares, sino de usuarios que tengan títulos vencidos.
“Si se le da una vigencia por cinco años, entonces, seis meses antes de cumplir los cinco años tiene que venir el usuario a gestionar una prórroga, a hacer ese trámite. Y esa prórroga se le da por cinco años más”, precisó.
Inspecciones
Sobre el Programa Nacional de Inspecciones, en cuanto a la vigilancia para detectar pozos ilegales, dijo que continúa en marcha.
Para el desarrollo del programa se utiliza tecnología y toda la capacidad operativa, por lo que hizo un llamado a los usuarios que se encuentren en una condición irregular para que tomen las medidas necesarias.
Además de la clausura reciente de un pozo en un complejo campestre, apuntó que hay otros 13 detectados para aplicar procedimientos administrativos, de los cuales al menos cinco se trata de pozos irregulares.
Las multas empiezan desde 200 mil hasta 500 mil pesos, pero en caso de reincidencia van aumentando hasta llegar a los 5 millones de pesos.
En los casos donde el usuario no tenga su título de concesión y esté vendiendo el agua, se contempla pena de prisión; sin embargo, hasta el momento, de los procesos que se van a aplicar, ninguno corresponde a ese tipo.
En todos los municipios se realizan inspecciones. Cuando se detecta alguna situación irregular, es necesario señalarla para que pueda corregirse.