Censura a audiencias

Por lo menos esta vez los lineamientos no salieron de una imposición abierta, como las que acostumbraba López Obrador, pero no nos hagamos muchas ilusiones ante la consulta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha lanzado para elaborar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Como en otras consultas, las decisiones ya están tomadas. Recordemos los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación en los que solo se recogieron los puntos de vista favorables a las decisiones previas del régimen.

Lo primero que hay que saber es que la CRT ya no es una institución autónoma, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que se ha convertido en un órgano subordinado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta se creó con el supuesto propósito de digitalizar trámites, pero se ha convertido en un monstruo que busca controlar medios, telefonía, redes e internet. La CRT es, por ejemplo, la dependencia encargada, por decisión de la Agencia Digital, de recabar los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil, una medida muy peligrosa para todos.

El derecho más importante de las audiencias es la libertad de cambiar de canal. Si a alguna persona no le gusta un programa de radio o televisión, o un podcast, debe tener el derecho de cambiar cuando quiera. Las cadenas nacionales son ejemplo de cómo un gobierno viola este derecho fundamental. La 4T, con su Agencia Digital, no quiere un sistema que simplemente respete esta libertad individual. Busca crear otros supuestos “derechos de las audiencias” para controlar las comunicaciones que le resultan incómodas. Así, inventa el derecho a “recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política, social y cultural y lingüística de la nación”, aunque la audiencia no lo quiera. En un régimen de libertad habrá emisoras de izquierda, de derecha o de centro, pero no debe imponerse por la fuerza a una sola emisora reflejar esta diversidad ni debe el Estado decidir qué puede o no comunicar una emisora.

El derecho de réplica es otro de los falsos derechos con los que se quiere imponer una pluralidad artificial a los medios, pero es un instrumento que se usa para asfixiar la libertad de expresión. Si a una emisora que defiende una idea, por ejemplo, se le presentan 5 mil exigencias de derecho de réplica por personas que piensan distinto, tendría que dedicar horas interminables a presentar estos otros puntos de vista.

Separar información de opinión puede ser una buena práctica periodística, pero imponerla, como pretende la 4T, es una forma de censura. Muchos conductores presentan hechos para sustentar conclusiones políticas o éticas, y es positivo que lo hagan. Esta columna ofrece siempre elementos informativos que acumula para concluir en una posición política o ética. Todos los narradores de futbol ofrecen crónicas de los partidos, pero se distinguen por sus comentarios y opiniones. Los ratings nos demuestran que esa mezcla de información y opinión la prefieren las audiencias. Separar por fuerza una de la otra es violar los derechos del público.

Los especialistas presentarán en los próximos días sus posiciones en esta consulta de la CRT, pero no nos hagamos tontos. Las decisiones ya están tomadas. Al gobierno de la 4T no le interesa respetar el derecho fundamental de la audiencia, que es cambiar de canal, sino imponer reglas que le permitan impedir o reducir las críticas al régimen.

REGLAMENTADO

El fraude en los exámenes de admisión de la UNAM afecta al 40 por ciento de la nueva generación de alumnos, pero más fraude me parece el pase reglamentado, antes llamado pase automático, del 60 por ciento que llegan directo de las prepas sin examen. Soy exalumno de la Prepa 8 de la UNAM, pero la práctica me parece injusta.

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