No le pusieron título a mi nota en la versión electrónica

El Estado ejerce su autoridad mediante las instituciones públicas, hace cumplir la Constitución y protege los intereses permanentes de la Nación. Su fortaleza no depende únicamente de las leyes que les dan origen ni de la estructura administrativa que las sostiene, sino de su aptitud para cumplir la finalidad constitucional que justifica su existencia. Cuando esa finalidad se desvía del interés público para servir intereses particulares, surge la captura institucional, un fenómeno que rebasa la corrupción administrativa y compromete la capacidad del Estado para gobernar.

Este proceso ocurre cuando un organismo conserva su existencia jurídica, sus atribuciones legales y su funcionamiento formal, pero deja de cumplir plenamente la misión constitucional que le corresponde. Continúa operando y ejerciendo funciones públicas; sin embargo, sus decisiones responden progresivamente a intereses distintos del interés general.

El problema no radica únicamente en la conducta de determinados servidores públicos, sino en la pérdida gradual de la aptitud institucional para cumplir el propósito para el que fue creada la organización. Ello refleja un deterioro estructural del funcionamiento público que trasciende la corrupción individual.

Distinguir la captura institucional de otros fenómenos resulta indispensable. La corrupción describe actos ilícitos cometidos por personas; la captura institucional altera el funcionamiento de una organización pública. Cuando esa alteración se extiende a múltiples organismos y condiciona las decisiones fundamentales del poder público, puede evolucionar hacia la captura del Estado por el Régimen. Esta diferencia permite comprender que el deterioro comienza mucho antes de que el Gobierno pierda formalmente sus capacidades o enfrente una crisis abierta.

La captura institucional se origina en redes político-criminales, intereses económicos ilícitos o decisiones impulsadas por un régimen que subordine la función pública a objetivos facciosos o partidistas, desplazando el interés general; en capturas burocráticas que someten a intereses ajenos al orden estatal; mecanismos regulatorios, corporativos, tecnológicos o territoriales que modifican la orientación de los organismos públicos.

Aunque sus modalidades difieren, todas producen la sustitución progresiva del interés público por intereses particulares.

Las primeras consecuencias suelen pasar inadvertidas. Un organismo capturado pierde objetividad para aplicar la ley, reduce su capacidad de coordinación con otras autoridades, debilita sus mecanismos de control y disminuye la confianza que inspira a la sociedad. Poco a poco deja de resolver los problemas para los que fue creado y comienza a generar nuevas vulnerabilidades para el Gobierno. La ineficacia deja entonces de ser un problema administrativo para convertirse en una pérdida de capacidades institucionales.

La gobernabilidad depende precisamente de esas capacidades. Un Estado gobierna eficazmente cuando sus instituciones ejercen autoridad legítima, ejecutan decisiones públicas, coordinan la acción gubernamental y preservan el Estado de derecho. Cuando dejan de desempeñar esas funciones con independencia y eficacia, la organización estatal permanece formalmente intacta, pero el gobierno pierde capacidad real para conducir la vida pública. La gobernabilidad empieza a deteriorarse mucho antes de que el conflicto se haga evidente.

Este proceso afecta también la conducción estratégica del Estado. Las instituciones capturadas producen diagnósticos incompletos, generan información menos confiable y dificultan la articulación de las capacidades nacionales. Como consecuencia, disminuye la posibilidad de anticipar riesgos, evaluar escenarios y orientar políticas públicas con visión de largo plazo. El Gobierno deja de conducir los acontecimientos y comienza a reaccionar ante problemas que ya no pudo prevenir.

Las repercusiones alcanzan la Seguridad Nacional. Un régimen que pierde capacidades institucionales enfrenta mayores dificultades para preservar el Estado de derecho, proteger a la población, impulsar el desarrollo y salvaguardar los intereses permanentes de la Nación. La vulnerabilidad surge tanto de quienes capturan o desvían las instituciones como de su incapacidad para cumplir eficazmente la misión constitucional que les corresponde.

Frente a este fenómeno, la respuesta no puede limitarse al combate de actos individuales de corrupción.

El desafío consiste en restituir la finalidad constitucional de las instituciones, fortalecer su autonomía funcional, profesionalizar el servicio público, consolidar mecanismos eficaces de control y sustentar la toma de decisiones en inteligencia estratégica, planeación y evaluación permanentes. La gobernabilidad se consolida cuando las instituciones recuperan plenamente su capacidad para servir, con eficacia y legitimidad, al interés público.

La fortaleza de un Estado no se mide por el número de instituciones que tiene, sino por la honradez con la que cumplen la misión para la que fueron creadas. No pierden su esencia cuando cambian sus leyes, sino cuando dejan de servir al interés público que les dio origen.

La captura institucional ha convertido nuestro problema interno, en una vulnerabilidad con repercusiones internacionales.

La mayor amenaza para un Estado no es perder instituciones; es perder la capacidad de que éstas cumplan su misión constitucional.