Coparmex demanda transparentar deuda a proveedores e intervención de órganos fiscalizadores

Ante la cercanía del cierre de año, integrantes de Coparmex manifestaron su preocupación por las empresas locales que siguen esperando el pago de bienes y servicios que fueron entregados y prestados a las dependencias gubernamentales y que no han recibido el pago respectivo. 

A través de un comunicado firmado por su presidente, Francisco Esparza Martell, Coparmex Durango exigió al Gobierno del Estado transparentar el monto actualizado de sus adeudos con proveedores, informar cuánto tiempo llevan pendientes de pago y establecer un programa de regularización que contemple fechas, montos y criterios claros para liquidar los compromisos adquiridos, dando especial atención a los proveedores locales.

Asimismo, se demandó la intervención de las instancias de fiscalización. “Que los órganos de fiscalización cumplan con su responsabilidad de vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos. Hacemos un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED) para que informe sobre las acciones de fiscalización emprendidas o previstas respecto a la gestión financiera estatal y determine la procedencia de una revisión específica sobre las obligaciones pendientes de pago a proveedores”.

“De igual manera, exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que, dentro de sus facultades constitucionales, revise el ejercicio y aplicación de los recursos federales y las participaciones federales involucradas en la situación financiera del estado”.

Se hizo énfasis en que, detrás de cada factura pendiente hay una empresa que debe pagar nóminas, cubrir impuestos, cumplir compromisos financieros y mantener sus operaciones. “Son empresarios que hicieron su trabajo, cumplieron con los contratos establecidos y que hoy tienen que enfrentar las consecuencias de no recibir oportunamente los recursos que les corresponden”.

“No es aceptable que las empresas se conviertan en financiadoras involuntarias del gasto público. Las malas decisiones financieras de una administración no pueden trasladarse a quienes producen, invierten y generan empleos”.

Asimismo, se estableció que esta situación resulta “más preocupante” al tomar en cuenta que las compras y contrataciones gubernamentales experimentan interrupciones los primeros meses del año. 

“De ser cierta la insuficiencia de recursos que se ha especulado en días recientes, existe el riesgo de que estas suspensiones comiencen anticipadamente, agravando las condiciones de operación de empresas que ya enfrentan adeudos pendientes”, indicó. 

Por lo que se hizo énfasis en que el sector empresarial no puede permanecer ajeno a una situación que compromete la estabilidad de negocios locales y pone en riesgo la generación de empleos.

“Reconocemos que el desarrollo económico requiere de la participación conjunta de gobierno y sociedad, pero esa colaboración también exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento de los compromisos. Los proveedores merecen recibir el pago por su trabajo. Las empresas necesitan certidumbre para seguir generando empleos y Durango necesita instituciones responsables al usar recursos públicos”, se estableció.