De la fragmentación a la coordinación en el combate al feminicidio
México se encuentra en el umbral de un cambio normativo que marque un antes y un después en la respuesta del Estado al asesinato de mujeres. El Ejecutivo federal y la Fiscalía General anunciaron una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. La intención: homologar la respuesta fragmentada institucional.
El antecedente de la Ley General contra el Secuestro permitió federalizar ciertas facultades, la coordinación de investigaciones y definir competencias. Ahora se plantea aplicar esa lógica al feminicidio, para que sea perseguido de modo homogéneo en todo el país. El objetivo es claro, reducir la impunidad mediante reglas obligatorias para la Federación, los estados y los municipios.
En las ventajas anunciadas figura la homologación del tipo penal, delimitar las facultades exclusivas de la Federación, como mantener un registro nacional, emitir protocolos uniformes y coordinar acciones interinstitucionales; y las concurrentes de las fiscalías estatales, que conservarían la primera respuesta, pero bajo supervisión y estándares comunes.
El proyecto impulsa principios rectores, incorporando la perspectiva de género, la prevención estructural, la reparación integral a las víctimas, la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer con protocolos especializados, la imprescriptibilidad del delito, la negación de beneficios procesales, agravantes específicas tratándose de niñas y adolescentes, personas mayores, mujeres con discapacidad, embarazadas, personas indígenas o integrantes de otros grupos vulnerables.
La iniciativa propone la creación y fortalecimiento de unidades de investigación especializadas, la profesionalización de cuerpos policiales y ministerios públicos en perspectiva de género, la creación de protocolos estrictos, así como mecanismos para garantizar la atención integral de las víctimas y sus familiares: acceso a salud, apoyo psicosocial, resguardo y asesoría jurídica gratuita e incorpora definiciones relevantes para determinar a las víctimas indirectas, así como reconocer a la familia social, conformada por personas con vínculos afectivos que sufren las consecuencias del crimen.
Si bien la propuesta promete uniformidad y coordinación, su aprobación enfrenta retos políticos, requiere mayoría calificada en el Congreso y la ratificación de legislaturas estatales para modificar el artículo 73 Constitucional; además, su éxito dependerá de la asignación de recursos suficientes y de la voluntad real de los tres órdenes de gobierno para implementar los cambios. La pregunta para los legisladores es si responderán con urgencia a una demanda que surge del dolor cotidiano de miles de familias.
México queda en espera de esa respuesta, para transitar de fragmentos de justicia a un marco nacional que busque reparar y prevenir el asesinato por razones de género; activistas y organizaciones han recibido con esperanza el anuncio, pero insisten en que una ley sin presupuesto ni supervisión efectiva sería insuficiente.
Es tiempo de mujeres.
Https://x.com/celiamsasaki