En una oficina federal encargada de proyectos carreteros, donde las decisiones suelen estar relacionadas con infraestructura, concesiones y desarrollo vial, ahora el foco está puesto en señalamientos internos que apuntan a posibles abusos de poder dentro del ámbito laboral.
El caso involucra a Rafael Cervantes de la Teja, quien aparece en documentos oficiales como director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el funcionario federal fue señalado por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral por parte de mujeres que habrían trabajado bajo su mando. Las acusaciones, según dichas versiones, ya fueron radicadas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Señalan presunto uso del cargo
Los testimonios referidos describen un presunto patrón en el que el cargo público habría sido utilizado para acercarse a trabajadoras, colocarlas en posiciones cercanas y, posteriormente, ejercer presiones de carácter sexual y laboral.
Según las denunciantes, Cervantes de la Teja habría ofrecido ascensos o mejoras dentro de la dependencia a cambio de favores sexuales. También aseguran que, cuando las mujeres se negaban, enfrentaban represalias, presiones o incluso la pérdida de su empleo.
Una de las acusaciones más fuertes resume el señalamiento de esta manera: el funcionario presuntamente “exige favores sexuales a cambio de ascensos” y, si era rechazado, tomaba medidas contra las trabajadoras.
Denuncias ante instancias federales
El caso no se limita a señalamientos públicos. Según la información difundida, las acusaciones fueron llevadas ante instancias federales encargadas de investigar posibles delitos contra mujeres y posibles responsabilidades administrativas dentro del servicio público.
La Fevimtra, dependiente de la Fiscalía General de la República, tendría conocimiento de los señalamientos, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también habría recibido las quejas correspondientes.
Hasta el momento, no se ha localizado un posicionamiento público de la SICT ni del propio Rafael Cervantes de la Teja respecto a estas acusaciones.
Un caso sensible dentro de una dependencia federal
La Dirección General de Desarrollo Carretero forma parte de la estructura de la SICT y está relacionada con temas estratégicos para la red carretera del país. Por ello, los señalamientos contra su titular abren un frente sensible para la dependencia, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el contexto en el que habrían ocurrido: una relación jerárquica entre un funcionario y trabajadoras subordinadas.
En este tipo de casos, las autoridades deberán determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades administrativas o penales. Mientras tanto, las denuncias colocan nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos internos para prevenir, atender y sancionar el acoso dentro de instituciones públicas.
La exigencia de investigar
Aunque las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes, el caso ya genera cuestionamientos sobre la actuación institucional frente a posibles conductas de hostigamiento sexual y laboral.
Las denunciantes, de acuerdo con lo difundido, sostienen que las conductas señaladas no habrían sido hechos aislados, sino parte de una dinámica de abuso de poder dentro de la oficina federal.
Por ahora, el caso queda en manos de las instancias correspondientes, que deberán esclarecer los hechos, proteger a las posibles víctimas y determinar si el funcionario incurrió en alguna conducta sancionable.