Dinamita: cuando protestar se vuelve delito

Hay momentos en los que el poder revela su verdadera naturaleza, no por lo que dice, sino por la forma en que actúa frente a quienes causan incomodidad. Lo de Dinamita, en Gómez Palacio, hoy no es solo un conflicto laboral ni un expediente judicial, sino también el blanco de un gobierno que eligió la fuerza, cuando antes optó por el encubridor silencio en casos de verdadera extorsión.

Lo ocurrido no deja espacio a la ambigüedad. Integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna fueron reprimidos tras manifestarse por la exigencia de indemnización para trabajadores despedidos. La protesta, de carácter laboral y social, terminó convertida en un caso penal con acusaciones de robo, extorsiones y hasta delincuencia organizada. El mensaje es claro: en Durango, protestar puede salir caro.

La reacción del gobierno encabezado por Esteban Villegas no fue la mediación ni el diálogo, sino un despliegue vulgar de poder. Detenciones masivas y totalmente arbitrarias en desapego a los debidos procedimientos. Con presencia inclusive de agentes, cuyos uniformes no parecían ser de oficiales de ninguna corporación. Todo el uso excesivo de la fuerza, institucional y de grupos fácticos.

Han sido días de atormentadora incertidumbre para las familias de los detenidos, algunas que ni siquiera sabían dónde se encontraban resguardados. Una respuesta desproporcionada frente a una exigencia que, en el fondo, era legítima. La respuesta estatal, sin embargo, no fue canalizar el conflicto hacia instancias de conciliación, sino criminalizarlo.

En este escenario, el posicionamiento del obispo emérito Raúl Vera adquiere relevancia más allá del ámbito religioso. Su trayectoria como defensor de derechos humanos y su cercanía con el movimiento le otorgan legitimidad para cuestionar la narrativa de Esteban Villegas. Al calificar los hechos como injustos y advertir sobre una criminalización de la protesta, no lo hace desde la retórica, sino desde un contrapeso discursivo.

Por otro lado, mientras el discurso del Gobernador de Durango se centra en la necesidad de ejercer autoridad frente a prácticas que, sostiene, afectaban la actividad económica de la región, se contradice con el contexto previo, cuando durante más de un año, sectores económicos denunciaron extorsiones sin que existiera una respuesta institucional contra "El Limones" y la CATEM en la región Laguna.

En conjunto, el caso Dinamita expone tres dimensiones críticas: una gestión deficiente del conflicto social, una tendencia a judicializar la protesta y una narrativa política que intenta reconfigurar la omisión previa como firmeza actual. El resultado es un escenario polarizado, donde el Estado busca reafirmar su autoridad mientras sectores sociales denuncian abuso y criminalización.

La pregunta de fondo no es si el Estado debe intervenir -es evidente que debe hacerlo-, sino cómo y en qué momento. Porque cuando la intervención de la fuerza es selectiva y se ejecuta bajo una lógica punitiva, el riesgo no solo es la erosión de derechos, sino también la profundización de un conflicto que se pretendía resolver.

EN LA BALANZA.- Lo que ocurre en el Instituto Tecnológico de Durango rebasa por mucho un simple retraso administrativo: es la evidencia de un conflicto político que hoy se traduce en salarios impagos y en la precarización de cerca de 80 docentes. El incumplimiento de un convenio por parte del gobierno estatal exhibe una disputa de poder que ha convertido a la institución en campo de batalla entre grupos políticos, mientras los maestros siguen sin cobrar debido al adeudo millonario. En ese juego, el ITD deja de ser visto como un espacio académico para convertirse en moneda de cambio, con miras a una confrontación que podría escalar rumbo a los próximos procesos electorales.

X: @Vic_Montenegro