Diputada federal por Durango pide abordar el tema del dinero ilícito

La reforma electoral impulsada por el oficialismo no logró avanzar en la Cámara de Diputados al no reunir los votos necesarios para su aprobación, refirió la diputada federal Patricia Jiménez, quien destacó que el PAN votó en contra al considerar que la propuesta no atendía uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la democracia en México: la participación del crimen organizado en los procesos electorales.

Explicó que, aunque Morena impulsó esta reforma como una prioridad legislativa, incluso partidos que suelen acompañar a este partido, como el PT y el Partido Verde votaron en contra, lo que evidenció que la propuesta carecía del consenso necesario para modificar las reglas de la democracia en el país.

“La democracia no puede reformarse con prisas ni desde una sola visión. Las reglas electorales deben construirse con diálogo, responsabilidad y pensando en proteger el voto de los ciudadanos”, expresó.

Subrayó que no se podía respaldar una reforma que evitara discutir el tema de fondo: la infiltración del crimen organizado en las elecciones; y recordó que en diversas regiones del país se han documentado hechos de violencia, presión a candidatos y participación de grupos delictivos en campañas y procesos electorales.

“Reducir el dinero a los partidos puede sonar bien, pero si no se cierra la puerta al dinero ilegal, lo único que se hace es abrir espacio al financiamiento del crimen organizado. Menos dinero legal puede significar más dinero ilícito”, advirtió.

Afirmó que una verdadera reforma electoral debe incluir medidas firmes para proteger la democracia y garantizar elecciones libres. Para el PAN, una reforma seria debe contemplar mecanismos efectivos para rastrear dinero ilícito en campañas, cerrar completamente la puerta al financiamiento del crimen organizado, establecer la nulidad de elecciones cuando se compruebe la intervención criminal, así como la pérdida de registro a partidos que permitan estas prácticas y sanciones penales a dirigentes que avalen candidatos vinculados con grupos delictivos.

Finalmente, dijo que se seguirá defendiendo instituciones electorales fuertes, reglas claras y un sistema democrático que garantice que cada voto de los ciudadanos sea respetado.