Durango lleva más de tres años sin procesos judiciales por aborto: Colectivos
Durante más de tres años, no se ha iniciado ningún proceso judicial por aborto en el estado de Durango, según datos oficiales.
La presidenta de la asociación “Sí hay mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, enfatizó que actualmente no hay mujeres en la cárcel criminalizadas por practicarse un aborto.
Por su parte, la estadística de incidencia delictiva del fuero común, que concentra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que al cierre de los años 2023, 2024 y 2025 no se abrió una sola carpeta de investigación por aborto en Durango.
Los últimos casos se remontan a junio y julio del año 2022, en los municipios de Gómez Palacio y Durango, respectivamente.
De igual forma, durante los años 2020 y 2021 no se registró un solo expediente iniciado por este concepto, aún establecido dentro del Código Penal del Estado. Siendo nuevamente hasta el 2019 cuando se volvió a registrar un caso más, radicado en el municipio de Durango durante junio.
En la conferencia de prensa para dar a conocer los avances sobre el proceso de despenalización del aborto en Durango, celebrada en el propio recinto legislativo, Hernández Camargo señaló que el hecho de que el aborto todavía aparezca dentro del Código Penal también genera temor entre el gremio médico, pues los involucraría en un proceso en caso de practicarlo con una paciente.
“En el caso de que se deroguen los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de Durango también los médicos y las médicas estarán exentos de una penalidad”, comentó.
Cabe resaltar que el Congreso del Estado facilitó uno de sus patios para la celebración de esta rueda de prensa, donde Francisco Cué, representante de la organización feminista Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), enfatizó que ahí radica también la importancia de consolidar la despenalización, mediante la derogación de los artículos antes mencionados, pues descargaría al sector médico en general de cualquier implicación legal para realizarlo.