Durango registra su cifra más alta de violencia familiar en 2026; van más de 2 mil 600 casos
Durango rebasó las dos mil 600 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar durante los primeros seis meses de 2026, alcanzando su cifra más alta en el pasado mes de junio.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que concentra los reportes mensuales de la Fiscalía General del Estado, durante el primer semestre se interpusieron dos mil 605 denuncias por violencia familiar.
El municipio de Durango concentró mil 693 casos, equivalentes al 65 por ciento del total estatal, seguido por Gómez Palacio, con 458, y Lerdo, con 204. En conjunto, estos tres municipios reunieron nueve de cada 10 registros.
En la gráfica también sobresalieron Santiago Papasquiaro, con 33 casos; Vicente Guerrero, con 25; Guadalupe Victoria, con 26; Nombre de Dios, con 21; Pueblo Nuevo, con 17; Mapimí, con 15, y Nuevo Ideal, con 13.
En lo que se refiere al desglose mensual, durante el pasado mes de junio se registró el mayor número de denuncias por violencia familiar, con 510 casos; para dar noción de este volumen, el antecedente mensual más alto se remonta a junio del 2025, cuando se reportaron 512 denuncias.
Por el contrario, la cantidad mensual más baja del 2026 correspondió al mes de enero, con 365 denuncias.
El Código Penal del Estado considera violencia familiar los actos abusivos de poder u omisiones intencionales dirigidos a dominar, controlar o agredir física, psicológica, patrimonial, económica o sexualmente a una persona con la que exista o haya existido un vínculo matrimonial, de parentesco, tutela, concubinato o una relación afectiva o sentimental. La conducta puede ocurrir dentro o fuera del domicilio familiar.
La sanción ordinaria prevista es de uno a cinco años de prisión y multa de 36 a 288 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la pérdida del derecho a recibir pensión alimenticia y de derechos respecto de la víctima, así como posibles prohibiciones de acercamiento o comunicación y tratamiento especializado.
Además, la pena aumenta a tres a ocho años de prisión y multa de 216 a 576 UMA cuando se presentan agravantes como cometer la violencia en presencia de niñas, niños o adolescentes, o cuando la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o mayor de 60 años.