Durango y la negligencia médica que permiten las autoridades estatales
La noticia de la lamentable muerte de cinco recién nacidos -en menos de una semana- en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la capital, ha vuelto a poner a Durango en el ojo del huracán por las malas prácticas en temas relacionadas con la salud.Recientemente, el brote de meningitis fúngica, registrado entre 2022 y 2023, dejó al menos 80 casos confirmados y 41 fallecimientos, convirtiéndose en una de las crisis sanitarias más graves en la historia reciente del estado, donde hospitales privados estuvieron involucrados.
Luego, vino el caso de Paloma Nicole, que generó indignación tras el lamentable fallecimiento de la adolescente de 14 años, en septiembre de 2025, derivado de complicaciones graves tras someterse en secreto a cirugías estéticas en una clínica privada, donde la madre y el padrastro de la menor estuvieron involucrados en la operación.
Estos temas ocuparon gran parte de la agenda mediática y de salud de medios de comunicación nacional, así como de la comunidad médica del país, que comentaron acerca de lo sucedido, destacando la negligencia de los médicos involucrados.
¿Y LA SUPERVISIÓN ESTATAL?
En los casos mencionados, a pesar que se presentaron en hospitales privados y del sector público federal, hay un punto central que parece tener una coincidencia: la falta de verificaciones oportunas por parte de las autoridades de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised). Incluso, el extitular de este organismo estatal terminó en prisión por la crisis de meningitis.
Y es que, contrario a lo que se piensa, la Coprised sí tiene facultades para verificar sanitariamente a hospitales, aunque sean federales, como el IMSS. Según la propia Ley de Salud del Estado de Durango, en su artículo 252, establece que corresponde a la Coprised vigilar el cumplimiento de la legislación sanitaria y que “conserva la prerrogativa de realizar en cualquier tiempo verificaciones sanitarias”, además de aplicar medidas de seguridad y sanciones cuando corresponda.
¿SOLO PARA LA FOTO?
Pero hay un documento todavía más contundente, aquel que el pasado 13 de marzo de 2025 se firmó en Durango llamado “Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios”, entre la Secretaría de Salud Federal, la Cofrepris y el Gobierno de Durango. Incluso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2025.
Dicho acuerdo lo firmaron David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal; Armida Zúñiga Estrada, comisionada federal de la Cofepris; Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador de Durango; Moisés Nájera Torres, secretario de Salud de Durango; Saúl Fernández Saracho, comisionado de la Coprised, además del entonces encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Paulino Córdova Quiñones.
En ese documento, el propio Gobernador firmó el instrumento que establece el esquema de coordinación y ejercicio de facultades sanitarias entre Federación y Estado. Es decir, que la autoridad estatal tiene permitidas las funciones de verificación sanitaria, por lo que resulta ilógico qué ni la Cofepris y Coprised vigilaran sanitariamente al IMSS de Durango.
DESLINDAR RESPONSABILIDADES
Especialistas consultados por esta nueva crisis de salud, coinciden que la Coprised vuelve a ponerse en la mira al no realizar verificaciones y muestreos que ayudaran a evitar dicha crisis (al igual que a la Cofepris, por supuesto) y si sí las realizaron, valdría la pena que informen cuándo fue la última verificación al IMSS, qué encontraron y qué medidas se tomaron, entre otras.
Hasta el momento, la autoridad estatal ha querido mantenerse al margen de lo sucedido en el IMSS para evitar “salpicarse” de la tragedia; incluso la Fiscalía del Estado no quiso recibirles a los padres de familia la denuncia por la muerte de los recién nacidos, argumentando que no tenían la competencia.
Habrá que esperar cuál es la postura de la Coprised y del Gobierno del Estado, porque independientemente de que la tragedia sucedió en un hospital federal, el apoyo a los padres de familia y a los pacientes del IMSS debería comenzar con las autoridades locales y, por lo que dicen los mismos padres, ni siquiera se les han acercado.