El caso Sinaloa
En la competencia de cínicos e inmorales, todavía falta tiempo —por los años de Morena en el poder, no por falta de esfuerzo— para que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador alcance el desprestigio de las fuerzas políticas que gobernaron el país y los estados por ocho décadas. Las oposiciones y los grupos de presión capitalizan y exageran cualquier traspié o error del Gobierno federal, grande o menor, para desgastarlo. Morena hizo lo mismo cuando estaba en la otra acera. El tema no es solo de tiempo, sino también de historia y de credibilidad. La declaración del exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, en el sentido de que con el PRI no había violencia porque pactaba con los carteles, quedó grabada en piedra.
Manuel Camacho Solís, una de las figuras de centroizquierda del PRI, declaró en una entrevista con Espacio 4 que la violencia en nuestro país «era administrada» por el Estado, lo cual le daba en parte a Rizzo la razón. Camacho se desempeñaba entonces como coordinador nacional de las redes ciudadanas en la segunda campaña de AMLO. La violencia en los gobiernos del PRI —todavía con Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto— era contra disidentes, líderes de oposición, estudiantes, campesinos, obreros y periodistas, englobados en la categoría de «enemigos del sistema». Muchos de ellos desaparecieron o fueron asesinados.
El narcotráfico en México empezó hace más de un siglo en la frontera con Estados Unidos y en los estados del Pacífico. Sinaloa —epicentro del «Triángulo Dorado», que forma junto con Durango y Chihuahua— registró el segundo asesinato de un gobernador en ejercicio desde la fundación del PRI: Rodolfo Tostado Loaiza, en 1944. Militante del PRM, se postuló por el Partido Acción Revolucionaria Sinaloense; después volvió al redil. Ese primer error le costó la inquina del presidente Ávila Camacho; el segundo, plantarle cara al narcotráfico, entonces incipiente, pudo haber marcado su destino; y el tercero, extender la reforma agraria, motivado por su credo cardenista, exacerbó los ánimos de los terratenientes.
Los latifundistas crearon cuerpos de seguridad para reprimir a los campesinos y desestabilizar al estado. El magnicida, Rodolfo «el Gitano» Valdez, había sido reclutado por uno de esos grupos, conocidos como «guardias blancas». Las líneas de investigación apuntaron al narcotráfico, a los acaparadores de tierras y a los rivales políticos del gobernador. En el libro Bienvenido a Sinaloa, el periodista Diego Enrique Osorno cita testimonios como este: «El Gitano se arrepintió de la misión que tenía encomendada, "a mí me ha hecho favores el viejo, una vez hasta me regaló dos mil pesos, me ha tratado bien". Uno de los favores que le habían hecho desde el Gobierno, fue perdonarle la pena por el crimen de una amante que tuvo en el pueblo de Urías, a la cual asesinó borracho en una parranda que parecía no terminar nunca» (Infobae, 08.03.24).
La lección de que nadie debe fiarse ni de su propia sombra, sobre todo en el narcotráfico y en la política, que casi siempre van de la mano, no se aprende. Sinaloa y los estados donde los carteles tienen mayor influencia, y aún donde no, son como la casa del jabonero, gobernador que no cae, resbala. En la tierra del «Chapo» Guzmán, la mayoría ha caído. Francisco Labastida, quien ahora pone en grito en el cielo, fue señalado por supuestos nexos con el cartel de Guadalajara, entonces liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, quien habría crecido bajo la sombra del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis.