El comité sobre fracking, bajo lupa nacional
Dos días antes de que la presidenta Sheinbaum presentara el miércoles 15 su panel tecno-científico, la Alianza Mexicana Contra el Fracking fijó su postura que fue, a la vez, una exitosa advertencia: Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo, señaló.
El fracking no es un asunto meramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no sólo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional y conformar un comité "técnico-científico" para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer.
El problema no es sólamente quién integra ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del pais o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías.
Este encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también prevenir sus violaciones.
Presentar al fracking como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco debe asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, sólo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada.
Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial, no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa.
No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de Mexico, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La alianza reiteró: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse.
No hay "fracking sustentable", ni "fracking responsable", ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios
Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Dijo el lunes 13: Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles [15], ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulacion.
Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar como explotar gas no convencional "mejor", "con menos agua" o "con nuevas tecnlogías", entonces no estara evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking.
Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratara de un espacio de evaluación sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe mostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones discrecionales.
Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta sólamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el sistema fósil. Por ello y haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible. Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad sino neutralizarla.
Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro agua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no sólo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking pero no para considerar seriamente su prohibición, estaria viciado desde el origen.
Publicar este posicionamiento dos días antes, resultó favorable a la alianza antifracking.