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OPINIÓN

El Estado mexicano al servicio de Rubén Rocha

El Estado mexicano al servicio de Rubén Rocha

VANIA PÉREZ MORALES 16 nov 2026 - 10:22

En México la justicia tiene dos velocidades. Para millones de personas es una fila que no avanza, pues son años de trámites, omisiones y puertas que nunca abrirán. Para Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico y armas, se necesitan menos de seis meses entre su ingreso a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la recuperación de sus cuentas, por orden de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El 29 de abril de 2026 Estados Unidos hizo pública la acusación contra RochaMoya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa; el 18 de mayo la UIF los incorporó a LPB; el 4 de agosto rechazó la solicitud de Rocha Moya para salir de ella; su defensa promovió un juicio de nulidad y la Sala le concedió una suspensión provisional; el 5 de noviembre la UIF desbloqueó parcialmente dos cuentas para que cobre tres pensiones, del ISSSTE, del IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue hasta el 13 de noviembre, ocho días después, y solo porque el periodista Arturo Ángel lo reveló un día antes, cuando Hacienda informó de la medida y sin nombrarlo: habló de un “exfuncionario del gobierno de Sinaloa”.

Rocha Moya tiene derecho a defenderse.

Eso dice la ley y está bien que se cumpla.

Aunque no deja de ser indignante que se cumpla puntualmente para él y a escondidas de todos los demás.Mientras enMéxico no hay investigaciones, porque dicen que faltan pruebas, él vive cómodamente en Sinaloa, uno de los estados más violentos del país, custodiado por policías estatales, según confirmó el secretario Omar García Harfuch;mientras lamayoría demexicanos nunca conocerán de los beneficios de vivir en un Estado de derecho.

Hay una preocupación que espero estén considerando en el Ejecutivo Federal y en la UIF. Washington designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y ha advertido que irá por el dinero de quienes lo sostienen por medio de acciones de bloqueo. En esa lógica acusó a RochaMoya y lo hizo parte de la ecuación, y Estados Unidos no distingue entre cuentas con recursos ilícitos y cuentas con recursos lícitos. Ahora la acusación podría alcanzar a los bancos mexicanos que vuelven a moverle recursos a un acusado de servir a ese cártel, aunque el dinero sea lícito y provenga de instituciones públicas. En 2025 vimos lo que le ocurrió a una institución financiera mexicana cuando la señala el Departamento del Tesoro: CIBanco, Intercam y Vector (son el ejemplo perfecto). Una suspensión dictada por una Sala Regional en Culiacán no protege a las entidades financieras de que les congelen sus operaciones, lo que afectaría amiles de cuentahabientes y al sistema financiero mexicano.

Por eso, a la ciudadanía nos toca seguir exigiendo. A Hacienda, que explique por qué calló ocho días y por qué ocultó el nombre del beneficiario. A la UIF, que aclare si impugnó la suspensión o se limitó a acatarla. Al TFJA, que publique la resolución: la Sala la integran Ricardo Carlos Molina Arias, Lluvia Elizabeth Valenzuela Galindo, en suplencia, y Héctor Samuel Torres Ulloa, su presidente. ¿Qué ponencia resolvió, con qué argumentos y cómo votaron sus magistrados? A la FGR, que rinda cuentas sobre las investigaciones, porque esamedida cautelar no resuelve el fondo ni sustituye la investigación queMéxico debería estar haciendo por cuenta propia. A Rocha, igual que a Inzunza, que sigue en su curul, leyendo libros, con fuero y con dieta, nadie los molesta y todos lo ayudan y le sirven.

¿Será porque ellos facilitaron las negociaciones con el Cártel de Sinaloa para obtener dinero que sirviera a las candidaturas de Morena? ¿O porque si no los protegen, las acusaciones llegarán hasta los líderes del partido en el poder? La justicia, la seguridad y el Estado mexicano protege a Rocha Moya, su pensión, su seguridad y la de familiares cercanos.

Protege el fuero y la dieta de Inzunza.

¿Quién protege a los desaparecidos?, ¿a las familias que los buscan? ¿Quién responde por la violencia extrema que desangra a Sinaloa? A ellos sí les cumplen la ley. ¿Y a los demás? Seguiremos denunciando.

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