El INE en terapia intensiva

El chofer de la consejera presidenta del INE es apoderado de una de las empresas que le venden material electoral al instituto. Corporativo Zeg le otorgó ese poder el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de que empezara a manejar su camioneta.

En cualquier democracia, eso bastaría para que la presidenta se apartara de toda decisión relacionada y pidiera una investigación a fondo. Guadalupe Taddei negó favoritismos, dijo que los contratos estaban auditados y siguió como si nada. Quien pidió aclarar el caso fue la presidenta Claudia Sheinbaum, no el Consejo General del INE. Vergonzoso.

Muchos piden su renuncia. No estoy segura de que eso resuelva algo. Taddei es la fiebre; la infección viene de antes y es más profunda. Y lo que está en juego es enorme: el 6 de junio de 2027 este instituto organizará, junto con los institutos locales, la renovación de 19 mil 609 cargos en 31 entidades.

La enfermedad empezó con su nombramiento. En 2023 llegó a la presidencia del INE por sorteo, aunque el Comité Técnico de Evaluación la había considerado poco idónea por su cercanía con Morena. Su familia no era secreto: un sobrino al frente de LitioMx, un primo delegado de Bienestar en Sonora, una sobrina diputada local morenista. Nada de eso es delito por sí mismo, pero a quien arbitra la disputa por el poder se le debe exigir la máxima independencia. Se optó por la vista gorda y se entregó el INE a los partidos, en particular al que más poder ha acumulado. Según la ENCIG 2025, los partidos políticos están entre las instituciones en las que menos confiamos los mexicanos.

Luego vino la ocupación desde dentro. En su primer año y medio, Taddei no reunió los ocho votos para sus propuestas, y diez de las diecisiete posiciones de mando quedaron con encargados de despacho. En vez de construir acuerdos, buscó atajos. En enero de 2024, el Tribunal Electoral le permitió designar encargados libremente. Cuatro meses antes de la elección presidencial nombró a seis, entre ellos una asesora sin mayor experiencia electoral al frente de Administración, el área que maneja más de 20 mil millones de pesos.

En octubre de 2024, una reforma le dio una facultad que ningún antecesor tuvo: nombrar directores sin el aval de sus pares. Así se desactivó la colegialidad, que es lo que protege a un órgano autónomo de quien lo preside.

Con el control administrativo llegaron los contratos. Según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera revelada por la prensa, una red encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, ligada a Corporativo Zeg, Cajas Graf y otras cinco firmas, está vinculada con el equipo administrativo de Taddei.

La indagatoria incluye licitaciones del Instituto Electoral de Sonora, cuando ella lo presidía, en las que se habría simulado competencia para favorecer a ese grupo. Concursos con ganador cantado.

Las mismas empresas obtuvieron contratos en Sonora, Oaxaca y Chihuahua cuando presidían esos institutos, respectivamente, Taddei, Iliana Aracelí Hernández Gómez y Claudia Arlett Espino. Las dos últimas llegaron después a puestos de mando en el INE. Jesús Octavio García González fue nombrado director de Administración en septiembre de 2025 pese a su conflicto de interés, y fue removido en abril de este año. Él y Espino, que renunció a la Secretaría Ejecutiva en septiembre alegando motivos de salud, están entre los investigados. Además, el INE adjudicó directamente un contrato a una empresa implicada en la “Estafa Maestra”.

Ni el concurso de ingreso al Servicio Profesional Electoral se salvó. En mayo el examen colapsó y, según Ceneval, cerca del 94 por ciento de los aspirantes no pudo terminarlo. La falla técnica fue de Ceneval, pero la contratación y la supervisión eran del INE. Circularon además versiones de filtración de respuestas que nadie ha confirmado ni desmentido con claridad. Un árbitro sano habría despejado la duda de inmediato.

Mientras entraban los proveedores, salían los técnicos.

De enero a mayo de este año, 959 personas dejaron el INE entre renuncias y despidos. En oficinas centrales, según datos entregados a El Universal, se fueron líderes de proyecto, analistas y jefes de departamento; llegaron asistentes, auxiliares y choferes. El INE dice que solo concluyeron contratos temporales. El consejero Martín Faz advirtió, en cambio, que los directores nombrados unilateralmente han agravado la práctica de solicitar renuncias a personal profesional con trayectoria, en perjuicio de la capacidad técnica del instituto justo antes del proceso electoral.

Quien intentó exhibir lo que ocurre dentro del INE fue denunciada penalmente. Mónica Calles Miramontes, abogada de una extrabajadora que denunció acoso laboral y despido injustificado, difundió videos de una diligencia realizada en el instituto. Según la propia Calles, una funcionaria la denunció después por presuntas amenazas. La FGR pidió a X retirar ocho de sus publicaciones, y en una sesión del Consejo General se informó que también se solicitó suspender sus cuentas. El INE niega haber presentado la denuncia, pero eso no reduce la gravedad del caso. El 22 de octubre, ARTICLE 19 advirtió que estas medidas podrían vulnerar la libertad de expresión y el derecho a recibir información de interés público, y exigió a la FGR retirar los requerimientos que no cumplan los estándares legales.

Todo esto tiene consecuencias en las urnas. En 2024, el INE aprobó una asignación de plurinominales que dio a Morena y sus aliados la mayoría calificada. El Tribunal la avaló con una lectura literal de la ley que ignoró su propósito, que es evitar la sobrerrepresentación. En 2025 validó la elección judicial de los acordeones, las guías repartidas para inducir el voto. Y no ha mostrado voluntad para investigar a fondo las candidaturas sin integridad ni el dinero del crimen organizado en las campañas.

El Consejo General ha respondido al escándalo casi en silencio. Algunos consejeros han hablado. Pocos. Los partidos, salvo excepciones, callan. Y muchos de quienes salieron con la marea rosa a defender al INE dejaron de exigirle cuentas, como si defenderlo y vigilarlo fueran cosas distintas.

Ante los señalamientos, Taddei respondió: “No vamos a claudicar ante presiones”. Se equivoca, consejera. No son presiones. Es falta de integridad en la presidencia de una de las poquísimas instituciones “autónomas” que nos quedan.

Quizá se vaya, aunque hoy no lo parece. Su salida no curaría al instituto, pero sí sentaría un precedente y ayudaría a recuperar la confianza en la institución en un momento crucial para México. Eso sí: cambiar al paciente de cama no lo cura.

Si seguimos así, en junio de 2027, cuando un gobernador, una candidata o un partido impugne alguno de esos casi veinte mil resultados, el árbitro solo tendrá su credibilidad para defenderse. Hoy esa credibilidad está en terapia intensiva.

El INE no es de su presidenta, ni de sus consejeros, ni de sus proveedores. Es de la ciudadanía. Si quienes deben cuidarlo no lo hacen, nos toca exigirles cuentas.

Seguiremos denunciando.

P. D.

Al cierre de este texto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) compartió en sus redes sociales un comunicado sobre los escándalos de esta semana en el INE, en el que informa: “A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.