El laberinto de la seguridad
Guanajuato registró 789 homicidios dolosos en el periodo enero-junio, según la estadística del SESNSP, seguido por Baja California (731), Chihuahua (704), Sinaloa (633) y Estado de México (533). Colima, Morelos, Sinaloa, Baja California y Chihuahua son los estados con el mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes. El ojo mediático se centra en las entidades gobernadas por Morena y le resta atención a Guanajuato, a pesar de que en los últimos años se ha mantenido como la región más violenta del país de manera sostenida.
Guanajuato es el estado más peligroso de la república, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondiente al primer semestre de este año. La entidad del Bajío, gobernada por el PAN desde 1991, ocupaba ya ese lugar antes de que Libia García Muñoz-Ledo se convirtiera en la primera mujer en asumir el poder en una de las entidades más conservadoras del país junto con su vecino, Jalisco. Morena no ha podido ganar en ninguna de ellas.
La lista de los cinco territorios más riesgosos la completan Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México, todos gobernados por mujeres cuyos antecesores fueron hombres. En el caso de Sinaloa, Yeraldine Bonilla ocupa el cargo interinamente desde el 2 de mayo mientras se decide la situación del titular del ejecutivo local, Rubén Rocha Moya, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa de tener nexos con el cártel de los hijos de Joaquín Guzmán. La presidenta Claudia Sheinbaum basa su negativa para extraditarlo en la falta de pruebas.
Guanajuato registró 789 homicidios dolosos en el periodo enero-junio, según la estadística del SESNSP, seguido por Baja California (731), Chihuahua (704), Sinaloa (633) y Estado de México (533). Colima, Morelos, Sinaloa, Baja California y Chihuahua son los estados con el mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes. El ojo mediático se centra en las entidades gobernadas por Morena y le resta atención a Guanajuato, a pesar de que en los últimos años se ha mantenido como la región más violenta del país de manera sostenida.
Distinta de la actitud protagónica y confrontativa de su homóloga y correligionaria de Chihuahua, María Eugenia Campos (la nueva Xóchitl Gálvez del PAN), Libia García ha establecido con la presidenta Sheinbaum una coordinación institucional, sobre todo en materia de seguridad. El ascenso de García a la gubernatura tardó nueve años. Su carrera empezó en el Congreso local, donde fue diputada en dos periodos consecutivos (2015-2021). El exgobernador Diego Sinhue la preparó para sucederle al asignarle dos secretarías eminentemente políticas: la de Gobierno, que ocupó desde 2021, y la de Desarrollo Social, en 2023, a la cual renunció para ser candidata.
La inseguridad empieza a perderse cuando el poder se ejerce indefinidamente como ocurre en Guanajuato. El PAN se instaló en esa entidad hace 33 años por una concesión del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Para congraciarse con la derecha por validar su elección fraudulenta y las reformas que privatizaron bancos y empresas públicas, Salinas sacrificó a Ramón Aguirre Velázquez, rival suyo en el gobierno de Miguel de la Madrid, quien había ganado la elección nada menos que a Vicente Fox por un margen de 18 puntos. El PAN impugnó el proceso y Salinas le entregó la gubernatura en bandeja de plata.
De los cuatro estados en poder del PAN, Aguascalientes y Chihuahua elegirán gobernador o gobernadora el año próximo. El primero de ellos parece seguro para el partido de María Teresa Jiménez, mandataria en funciones. En Chihuahua, en cambio, María Eugenia Campos podría ser relevada por la senadora de Morena con licencia Andrea Chávez. Si tal cosa sucede, la chihuahuense podría correr la misma suerte que su antiguo protector, César Duarte, preso en el Penal del Altiplano por peculado y lavado de dinero. La moneda está en el aire.