El Plan B y las vacantes
Son tiempos muy convulsos e interesantes en materia electoral; aunque todavía no iniciamos como tal un proceso electoral federal, lo que estaremos viviendo durante los próximos meses marcará el rumbo de lo que será el nuevo sistema electoral: todo apunta a que ya existen las condiciones legislativas para aprobar una nueva reforma y tenemos la renovación parcial del árbitro nacional. Analicemos los dos frentes.
Como bien se sabe, ya tenemos una nueva propuesta presidencial de reforma electoral; además, todo parece indicar que estas modificaciones ya cuentan con los votos necesarios, por lo que la próxima semana seríamos testigos de su aprobación. Sin embargo, ya no tiene el alcance que originalmente planteaba la anterior propuesta; por ejemplo, ya no reduce el presupuesto de partidos políticos, el tiempo en radio y televisión ni los legisladores de representación proporcional.
En el centro de la nueva propuesta se encuentra el fortalecimiento de la revocación de mandato, permitiendo que la persona titular del Ejecutivo Federal promueva este ejercicio y ajustando la jornada de votación al tercer o cuarto año de su gestión. No obstante, el impacto más directo para los estados reside en los nuevos límites financieros y políticos; por cierto, la reforma obliga a una armonización legal antes del 30 de mayo de 2026.
Por ejemplo, en el caso específico de nuestro estado, hay 2 implicaciones: Durango municipio vería reducidas sus regidurías de 17 a 15 regidurías; por supuesto, esto sería hasta la próxima administración municipal, mientras que los demás municipios no tendrían cambios.
El gran reto lo tendrá la próxima legislatura estatal, ya que el candado que se propone implica que ningún Congreso exceda el 0.70% del presupuesto de egresos estatal. Si tomamos los números actuales, el presupuesto anual de Durango es en números redondos 51 mil millones de pesos (mdp), de los cuales el Poder Legislativo tiene contemplados 584 mdp.
Al hacer el cálculo, el Congreso no podría etiquetarse más de 357 mdp, por lo que, si se aprueba la iniciativa, el Congreso local tendría que reducir su presupuesto en 227 mdp, es decir, un recorte de 38.8%, cuyo ahorro se tendría que etiquetar en infraestructura pública. El problema es de dónde vendrán estos recursos y si esto implicará una disminución de la calidad del trabajo legislativo.
Mientras se están definiendo las reglas, también ya está en marcha quienes las aplicarán con la convocatoria para cubrir las vacantes que dejarán los consejeros Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala el próximo 4 de abril. No es un tema menor: quienes resulten electos por los próximos nueve años serán responsables de la integridad de los comicios de la siguiente década.
Los aspirantes deberán cumplir con criterios estrictos de trayectoria y autonomía; el procedimiento se divide en fases diseñadas para filtrar los perfiles más técnicos. Hay ensayos, exámenes y entrevistas; sin embargo, el reto de la Cámara de Diputados será lograr la mayoría calificada de dos terceras partes. El país no puede apostar a la "tómbola"; la democracia exige consensos para asegurar perfiles de probada capacidad técnica y, sobre todo, autonomía inquebrantable.
X @omarortegasoria