El tijerazo electoral
La conversación política de la semana giró en torno a la llamada reforma electoral. Sin embargo, tras su aprobación en el Senado, el resultado dista considerablemente de las expectativas iniciales: lo aprobado se limita, en esencia, a ajustes de carácter burocrático y presupuestal, particularmente en la integración de ayuntamientos y en la reducción de recursos para legislaturas y órganos electorales. En su versión original, la iniciativa contemplaba cambios de mayor alcance. Entre ellos, la modificación al esquema de revocación de mandato, abriendo la posibilidad de su realización en 2027 o 2028, e incluso permitiendo la participación activa del Ejecutivo en su promoción. No obstante, estas propuestas no alcanzaron los consensos necesarios y quedaron fuera del dictamen final.
Así, el principal cambio aprobado radica en la nueva integración de los ayuntamientos: una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. En el caso de Durango, el impacto inmediato podría parecer marginal, limitándose principalmente a la capital; sin embargo, en otras entidades la afectación es más profunda. En grandes ciudades de estados como Estado de México, Jalisco o Nuevo León, la existencia de dos o tres sindicaturas responde a la necesidad de distribuir funciones clave, como la representación jurídica y la fiscalización de la hacienda pública.
El segundo cambio, de mayor impacto para Durango, establece que las constituciones estatales deberán fijar un tope al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder del 0.70% del gasto total de la entidad. En términos prácticos, esto implicaría para el Congreso del Estado una reducción cercana al 38% de su presupuesto actual. Finalmente, se incorpora una prohibición expresa para que consejeros, magistrados y titulares de áreas técnicas de autoridades electorales contraten, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida, esquemas de separación individualizada, cajas de ahorro o pensiones privadas, lo que ya venía dándose en la práctica desde 2018, pero ahora ya queda plasmado. ¿Qué sigue? Tras el receso de Semana Santa, la Cámara de Diputados discutirá el decreto. Todo apunta a que, en sus términos actuales, será aprobado sin mayores obstáculos, para posteriormente ser remitido a los congresos estatales y, en su caso, publicado. Es decir, su entrada en vigor parece más una cuestión de tiempo que de debate. La incógnita relevante no está en esta reforma, sino en lo que podría venir después. Habrá que observar si, en la legislación secundaria, se retoman temas de mayor profundidad o si, por el contrario, este episodio marca el cierre del ciclo de reformas y el inicio anticipado de la preparación rumbo al proceso electoral de 2027, incluyendo la nueva integración del árbitro electoral nacional y, en el caso específico de Durango, la designación de las 2 consejerías y la magistratura vacantes. Por otro lado, la discusión pública dejó algunas confusiones. Hubo quienes interpretaron que el decreto incorporaba disposiciones sobre la no reelección y la prohibición del nepotismo. En realidad, estas normas ya habían sido aprobadas previamente y se encuentran vigentes, aunque su aplicación generalizada está prevista hasta 2030. Por lo que, si un diputado de Durango quisiera reelegirse, todavía podría participar en 2027.
X: @omarortegasoria