Exfuncionario retuvo 'moche' de un laudo en Gómez Palacio; de 110 mil pesos, entregó 5 mil
Un exservidor público del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio fue detenido por su probable participación en un caso relacionado con la presunta apropiación indebida de recursos económicos que una persona adulta mayor recibió, tras obtener un laudo laboral favorable.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó este martes que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Humberto Gerardo, quien es investigado por el presunto delito de cohecho. La detención fue resultado de una carpeta de investigación integrada a partir de la denuncia presentada por la víctima.
PIDIÓ "MOCHE"
De acuerdo con las indagatorias, la persona afectada acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio para recibir el pago derivado de un laudo laboral favorable. Como parte del cumplimiento de la resolución, recibió un cheque por 110 mil pesos.
La investigación establece que posteriormente la víctima habría sido informada de que debía entregar dicho recurso a Humberto Gerardo, quien en ese momento se desempeñaba como encargado del área laboral de la Subdirección Jurídica de Sideapa Gómez Palacio. Según los datos recabados por la FECC, el entonces funcionario acompañó al beneficiario a realizar el cobro bancario correspondiente.
Sin embargo, una vez retirado el dinero, presuntamente devolvió únicamente cinco mil pesos al adulto mayor y retuvo para sí los 105 mil pesos restantes. Estos hechos fueron integrados a la carpeta de investigación y presentados ante la autoridad judicial.
Con base en los datos de prueba aportados por la FECC, un Juez autorizó la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción. Tras lo cual, Humberto Gerardo fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente.
Actualmente, enfrenta el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras la autoridad judicial determina su situación jurídica conforme a las etapas procesales establecidas por la ley.