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FOSFO COMBI

Fosfo Combi: el modelo que MC ya ha impulsado en otras ciudades y que en Durango causó polémica

Lo que empezó como una unidad para estudiantes terminó en choque con transportistas y abrió una discusión mayor sobre movilidad en Durango.

Fosfo Combi: el modelo que MC ya ha impulsado en otras ciudades y que en Durango causó polémica

JORGE LUIS CANDELAS 17 may 2026 - 15:23

La polémica por la llamada “Fosfo Combi” abrió una discusión que va más allá de una sola camioneta, de un partido político o de una protesta de choferes.

Durante la semana, transportistas de Durango se manifestaron contra esta unidad impulsada por el regidor de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco Soler, al considerar que representa una invasión a las rutas del transporte público y una competencia desleal para quienes trabajan dentro del sistema concesionado.

Del otro lado, el regidor defendió que no se trata de transporte público, sino de una alternativa solidaria dirigida únicamente a estudiantes, sin cobro de tarifa y sin servicio abierto a toda la población. Su argumento central fue que la movilidad estudiantil también puede convertirse en una barrera para continuar los estudios.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿la “Fosfo Combi” nació como una ocurrencia local o forma parte de una idea que Movimiento Ciudadano ya ha impulsado en otros puntos del país?

Un nombre local, pero una idea que ya se ha probado

Hasta ahora, el nombre “Fosfo Combi” parece tener un sello muy local. La combinación del color asociado a Movimiento Ciudadano con una camioneta tipo van convirtió el proyecto en un tema fácil de identificar, pero también fácil de cuestionar políticamente.

Sin embargo, la idea de ofrecer transporte gratuito o subsidiado para estudiantes no es nueva dentro del entorno de gobiernos y figuras ligadas a MC.

En Nuevo León, por ejemplo, municipios gobernados por perfiles identificados con Movimiento Ciudadano han promovido programas de movilidad gratuita o de conexión para estudiantes y ciudadanos en zonas donde el transporte tradicional no alcanza a cubrir la demanda.

Uno de los casos es Guadalupe, donde el programa “Guadalupe Nos Mueve” se presentó como una red de conexión con unidades tipo van para facilitar los traslados en áreas donde el transporte urbano convencional no llega con facilidad. Dentro de ese esquema también se contempla “Guadalupe Nos Mueve a la Escuela”, dirigido a estudiantes.

Otro antecedente está en Santa Catarina, donde el “Santa Bus” ha sido difundido como un servicio gratuito para estudiantes, también con unidades tipo van y con el objetivo de facilitar el traslado hacia centros educativos.

La diferencia es que, en esos casos, los programas se han presentado como políticas públicas municipales o esquemas de movilidad institucionalizados. En Durango, en cambio, la “Fosfo Combi” arrancó como una prueba piloto impulsada desde una regiduría y vinculada a gestiones con una asociación civil, lo que abrió la puerta a cuestionamientos legales, políticos y gremiales.

El choque con los transportistas

La inconformidad de los choferes no surgió solo por el color o el nombre de la unidad. El reclamo principal fue que la camioneta operaba con rutas y horarios, por lo que, desde la visión de los transportistas, podía considerarse una invasión al servicio concesionado.

La CTM sostuvo que no permitiría este tipo de prácticas, al considerar que afectaban a quienes sí cuentan con permisos para prestar el servicio de transporte público en la ciudad.

El regidor Franco Soler rechazó esa interpretación. Señaló que la unidad no cobra, no está abierta a cualquier usuario y está enfocada exclusivamente en estudiantes, por lo que, según su postura, no encaja en la definición legal de transporte público.

Esa diferencia es el centro de la controversia: para unos, es un apoyo social; para otros, una operación irregular que compite con rutas establecidas.

El problema real: estudiantes que batallan para moverse

Más allá del pleito político, la discusión tocó un punto sensible: el transporte público en Durango.

La defensa de la “Fosfo Combi” se apoyó en una queja recurrente entre usuarios: unidades en malas condiciones, tiempos de espera largos, rutas insuficientes y costos que pueden pesar en estudiantes que se trasladan todos los días.

El propio regidor reconoció que una sola camioneta no resuelve el problema, pero planteó que sirve para evidenciar la necesidad de invertir en un sistema de transporte más moderno, eficiente y digno.

Ese argumento conecta con lo que ocurre en otras ciudades: cuando el transporte público no cubre ciertas necesidades, los gobiernos o actores políticos comienzan a promover alternativas paralelas, desde rutas gratuitas hasta apoyos económicos para estudiantes.

El riesgo, sin embargo, es que esas alternativas choquen con el marco legal del transporte concesionado si no se diseñan con reglas claras, presupuesto definido y coordinación institucional.

¿Apoyo social o bandera política?

La “Fosfo Combi” también generó ruido por su evidente carga partidista. El nombre, los colores y el vínculo con Movimiento Ciudadano hicieron que el debate no se quedara solo en movilidad, sino que pasara al terreno electoral y de promoción política.

Ese es uno de los puntos que podrían marcar diferencia con otros programas del país: mientras algunos se presentan como políticas públicas municipales, en Durango la unidad fue percibida por sus críticos como una acción partidista montada sobre una necesidad real.

Ahí está el dilema: el problema del transporte estudiantil existe, pero la forma de atenderlo puede definir si se ve como solución social o como estrategia política.

Una controversia que apenas empieza

Aunque la “Fosfo Combi” fue frenada por señalamientos de invasión de rutas del transporte público, la discusión que provocó difícilmente quedará cerrada.

El caso puso sobre la mesa una pregunta que ya se ha planteado en otras ciudades: ¿deben los gobiernos crear sistemas especiales de transporte para estudiantes cuando el servicio público no alcanza, o eso debe resolverse fortaleciendo las rutas existentes?

En Durango, la respuesta no será sencilla. Por un lado están los estudiantes que buscan traslados más baratos, seguros y eficientes. Por otro, los choferes y concesionarios que advierten una posible competencia desleal. Y en medio, una autoridad que tendrá que definir si este tipo de apoyos pueden operar, bajo qué reglas y con qué límites.

Por ahora, la “Fosfo Combi” dejó de ser solo una camioneta naranja. Se convirtió en el símbolo de una discusión pendiente: quién debe resolver el problema del transporte estudiantil y hasta dónde puede llegar una iniciativa política cuando entra en terreno del transporte público.

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