Hasta que todos puedan retornar a casa
Una nueva oleada del exilio centroamericano tiene lugar en años recientes. No me refiero aquí a la migración histórica por razones económicas, de violencia o ambientales, sino a personas obligadas a salir de su país de origen para protegerse de la persecución a causa de sus ideas o de su papel como críticos u opositores políticos. La gran mayoría se van a Estados Unidos, a España, a Costa Rica, o vienen a México.
En Nicaragua, a partir de la crisis política en 2018, por el desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus propios ciudadanos, han sido expulsados 222 presos políticos a Estados Unidos, y 135 a Guatemala, mientras que 452 personas han sido privadas de su nacionalidad nicaragüense. Mientras tanto, la representación de México en la OEA reitera su “compromiso con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, esgrimiendo la “autodeterminación de los pueblos” para absolver a la dictadura en Managua.
En El Salvador, Nayib Bukele fue electo presidente en 2019 y en marzo de 2022 decretó el régimen de excepción, que continua hasta la fecha. La población carcelaria total supera las 118,000 personas, el 2 por ciento de la población total del país, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Muchos de estos no eran pandilleros, sino exdirigentes políticos, miembros de iglesias, sindicalistas, periodistas, y personas capturadas arbitrariamente. Cristosal y El Faro reportan varios centenares de personas forzadas al exilio por motivos políticos desde 2019, con un aumento notable en 2025.
En Guatemala se da hoy una situación insólita: en el gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo (14 enero 2024-14 enero 2028), hay exiliados políticos. Da cuenta de ello el Informe “La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala” https://exiliosguatemala.org/explorar-el-informe/, elaborado por un equipo independiente dirigido por el médico y psicólogo Carlos Beristain, y las investigadoras Sonja Perki?- Krempl y Kelsey Alford-Jones -todos con vasta experiencia en procesos de verdad, justicia y reparación en América Latina- con el apoyo de Casa Centroamérica https://casacentroamerica.mx/ en la CDMX.
El Informe reúne 132 testimonios de personas obligadas a salir durante la gestión de Consuelo Porras, titular del Ministerio Público (MP) en los gobiernos de los presidentes Jimmy Morales (2016-2020), Alejandro Giammattei (2020-2024) y del propio Arévalo. Entre las personas criminalizadas están abogados, jueces, defensores de derechos humanos, autoridades ancestrales, y periodistas que investigaron el involucramiento de las cúpulas políticas, económicas y militares en estructuras de violencia que se amalgaman con procesos de crimen organizado y corrupción de alto nivel (el llamado “pacto de corruptos”).
Las comunidades de exiliados exigen que el gobierno del presidente Arévalo reconozca públicamente a las personas afectadas, cierre los casos espurios, cree un mecanismo de atención y acompañamiento para quienes permanecen en el extranjero, e impulse el desmantelamiento de la maquinaria de persecución y criminalización. Escribe Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU: “Apoyar a los exiliados y hacer posible su retorno es fundamental para fortalecer la esperanza y la democracia en Guatemala”.
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