INE: ¿inmunidad como sello de la casa?
El árbitro que debe exigir transparencia a los partidos políticos y candidatos enfrenta ahora la obligación de demostrar la suya.
La paradoja institucional de la semana es para el INE. El organismo encargado de garantizar la legalidad, la imparcialidad, transparencia y la certeza de los procesos electorales enfrenta hoy una tormenta de cuestionamientos que amenaza con erosionar precisamente aquello que está obligado a proteger: La confianza ciudadana.
El torbellino de señalamientos sobre presunto conflicto de interés, dispendio de recursos públicos, contrataciones cuestionadas y posibles irregularidades administrativas dibujan un escenario que exige mucho más que comunicados y politiquería por parte de su titular, Guadalupe Taddei, hoy en el epicentro de un escándalo de mayores proporciones.
El INE que debería caminar con la autoridad moral de una institución irreprochable, hoy avanza bajo la sombra de la sospecha de corrupción y de una afinidad ideológica distintiva de la cacareada transformación.
Los cuestionamientos resultan especialmente graves para quien tiene la encomienda de vigilar la limpieza de las contiendas electorales que auguran un escenario tenso y volátil en el 2027.
La ironía nuevamente es difícil de superar —pese a una fiera competencia— del árbitro que debe exigir transparencia a los partidos políticos y candidatos, enfrenta ahora la obligación de demostrar la suya.
A ellos se suma la dimensión internacional que han adquirido algunas denuncias presentadas ante autoridades estadunidenses, circunstancia que no equivale por sí misma a una investigación formal del gobierno de los Estados Unidos contra el organismo (cuasi) autónomo, pero que añade presión a la exigencia de esclarecer los hechos.
Mientras con el paso de los días aumentan los cuestionamientos de varios partidos y actores políticos, se van multiplicando las exigencias de una investigación sobre las acusaciones contra las empresas proveedoras del instituto y su relación con Taddei, se va construyendo una narrativa que adquiere relevancia política.
La autoridad electoral parece atrapada en una contradicción fundamental. Pretende ser depositaria de la confianza pública cuando su propia actuación administrativa está siendo sometida a escrutinio. No hay nada más corrosivo para la certeza electoral que la percepción de un árbitro que exige reglas claras a los contendientes, pero no logra disipar las dudas sobre sus propias decisiones y acciones. Lamentables ejemplos han sobrado desde que llegó a la presidencia Taddei rodeada además de un manto que hoy hiede y su nube tóxica es aún de pronóstico reservado.
Desde hace tres años la UIF investiga a siete empresas proveedoras del INE y vincula a dos de ellas en una presunta relación con claro conflicto de interés. De cara a las elecciones intermedias, el asunto adquiere una gravedad particular. Un árbitro bajo sospecha no necesariamente es un árbitro culpable, pero sí es un árbitro obligado a rendir cuentas con una contundencia proporcional a la gravedad de los señalamientos. No deja de ser un espectáculo profundamente contradictorio de un organismo que fiscaliza los recursos de las campañas electorales tenga que responder ahora sobre el destino y la administración de sus propios dineros.
La confianza democrática no puede sostenerse sobre actos de fe, ni la autonomía constitucional puede confundirse con inmunidad. A escasos 11 días de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el gobierno mexicano no puede permitirse el lujo de enfrentar la imprevisibilidad de Washington con una institución electoral debilitada por la sospecha, la opacidad y corrupción.
@GomezZalce