La coalición
En la elección presidencial del 2006, AMLO pensó que era innecesario ampliar su coalición, podía solo. Quería llegar a la Presidencia sin deber favores para tener margen de maniobra. Por eso rechazó el apoyo del SNTE que le ofrecía Elba Esther Gordillo y el de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, lidereado por Patricia Mercado. Este partido obtuvo el 2.7 por ciento del voto, casi cinco veces la diferencia entre la votación de Calderón y López Obrador.
En 2018, AMLO sabía que era su última oportunidad. Construyó una amplia, heterogénea y contradictoria coalición de intereses. En Juntos Haremos Historia cabían el PT -admiradores de Corea del Norte- y Encuentro Social, partido evangélico de derecha. Ya en la Presidencia sumó a otros, desde el Partido Verde a los restos del PRD.
Tras bambalinas había otros grupos, el más peligroso, el crimen organizado. En el 2021, está documentado, operó en varios estados a favor de los candidatos de Morena. Había un objetivo: ganar todo el poder. AMLO logró ser el líder indiscutible de tan diverso grupo, pero igual tenía que pagar favores.
Para mantener esa colación, Sheinbaum tuvo que hacer todo tipo de promesas públicas durante la campaña electoral. Sin embargo, no tiene el liderazgo que tuvo AMLO y ya le llegó el momento de pagar la cuenta.
A los maestros les prometió derogar la reforma del ISSSTE del 2007. Esta se hizo para hacer sostenible el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Es de esas decisiones de la tecnocracia preocupada por el futuro distante que fueron tan criticadas por AMLO durante años. Ese futuro llegó: regresar al viejo esquema de pensiones, lo ha confesado Sheinbaum, no es pagable. Además, al derogar AMLO la reforma educativa de Peña Nieto, le regresaron parte del control de la educación a los sindicatos. La CNTE les ayudó a llegar al poder; ahora pide que le cumplan.
El miembro de la coalición más peligroso es el crimen organizado. Llevaba décadas acechando al poder político, pero nunca había penetrado tanto las instituciones del Estado, desde el organismo de agua de riego de Sinaloa hasta la colocación de candidatos ganadores en la elección del Poder Judicial, federal y estatal. Si bien Sheinbaum dejó atrás los "abrazos, no balazos", no puede cortar con los costos de seis años de acomodo con el crimen. Investigaciones como las del huachicol fiscal muy pronto se topan con políticos de alto nivel metidos en el negocio.
Estos aliados incómodos ahora conllevan un costo adicional. Estados Unidos cree que la colusión de los políticos mexicanos con el crimen organizado es un riesgo para su seguridad nacional. No se trata, como dice AMLO, de que Trump haya cambiado y el problema se resuelve si regresa el otro Trump. Es una nueva estrategia y por eso varios cárteles son ahora considerados organizaciones terroristas. Si bien las empresas estadounidenses que se benefician de la integración comercial con nuestro país desean mantener o incluso profundizar la alianza comercial, una parte significativa de la clase política de Estados Unidos no sólo está en contra del libre comercio, sino preocupada de tener al sur de su frontera un país donde el poder político tiene esos nexos con el crimen organizado.
Gobernar es siempre cargar con el pasado, desde vías del tren que no sirven y hay que rehacer, lo que se anunció el viernes para el tren del Istmo, hasta aliados con problemas con la justicia de Estados Unidos. Estas deudas son aún más onerosas cuando el gobernante no se puede separar del pasado, ya sea por razones ideológicas o porque cree que no puede enfrentar el costo de hacerlo. Sheinbaum parece haber decidido que no puede romper con los indeseables de su coalición. No va a extraditar a ningún morenista electo. Ni siquiera parece que los vayan a juzgar acá.
La pregunta es cuánto le va a costar esto a México. El precio lo pagará el pueblo.