P Ocas narrativas generan tanta legitimidad al inicio de un gobierno como prometer castigo al pasado. Denunciar desorden financiero, señalar irregularidades y ofrecer consecuencias suele conectar con una ciudadanía cansada de la impunidad. El problema aparece cuando los años transcurren y la justicia parece avanzar solamente hasta donde el cálculo político se lo permite.
Antes incluso de rendir protesta como gobernador, Esteban Villegas ya había colocado el tema sobre la mesa del debate público: recibiría un estado financieramente devastado. Después, ya instalado en el poder, el diagnóstico se volvió -aparentemente- todavía más contundente.
Habló de un déficit inicial superior a los 13 mil millones de pesos, obras inconclusas, recursos desviados entre partidas y una administración que, según sus propias palabras, había dejado un desastre financiero. También prometió algo más: consecuencias. Casi cuatro años después, la pregunta inevitable es si esas consecuencias realmente llegaron.
Y es que, mientras el discurso inicial apuntaba a desmontar una estructura completa de presuntas irregularidades, la realidad parece haber transitado por otro camino. Sí, recientemente se han ejecutado detenciones contra exservidores públicos vinculados con el manejo de recursos estatales durante la pasada administración. No obstante, el problema es quiénes aparecen y quiénes siguen sin aparecer.
En ese contexto, recientemente la Fiscalía Anticorrupción detuvo a Federico "N", exfuncionario de la Secretaría General de Gobierno, y a David "N", exsecretario particular de Aispuro. Otro caso son las detenciones de exfiuncionarios de Gómez Palacio, de la administración de Marina Vitela. Sin embargo, las capturas reabren la pregunta sobre si realmente se avanza hacia los verdaderos responsables del supuesto quebranto financiero o únicamente hacia actores secundarios como medida de presión política.
Hasta hoy, uno de los nombres más mencionados desde el arranque del sexenio continúa fuera del alcance judicial: el exsecretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina. El personaje que durante los últimos años ha sido señalado como pieza central del manejo financiero del gobierno anterior sigue sin convertirse en la gran imagen del combate anticorrupción prometido desde el Bicentenario.
Es ahí donde comienza el "sospechosismo". Porque, para una parte importante de la opinión pública, el mensaje ya no parece ser el de una depuración institucional, sino el de una justicia aplicada por capas. Es decir: se detiene a funcionarios de segundo o tercer nivel mientras los nombres políticamente más relevantes siguen sin enfrentar consecuencias visibles.
No pasa desapercibido que algunas investigaciones cobren fuerza justo cuando se aproximan procesos electorales. Tampoco deja de llamar la atención que antiguos colaboradores de proyectos con potencial electoral vuelvan al centro del debate judicial, mientras otras denuncias -incluidas algunas que apuntan hacia funcionarios actuales- permanecen fuera del reflector.
Al final, el mayor desafío para Esteban Villegas ya no es demostrar que recibió un gobierno en crisis, sino convencer de que la justicia no se administra con criterios políticos. Porque la ciudadanía ya escuchó el diagnóstico; lo que sigue esperando son responsables y resultados. De lo contrario, el problema dejará de ser el desastre heredado y pasará a ser lo que el actual gobierno decidió no resolver.
EN LA BALANZA.- El operativo en La Loma dejó algo más que detenidos y armamento asegurado: volvió a exhibir quién está llevando realmente el control de las intervenciones de alto impacto en Durango. Mientras las fuerzas federales ejecutaron la operación y concentraron los resultados, las autoridades locales terminaron resbalando entre declaraciones confusas e intentando proyectar una participación que oficialmente luce secundaria. Más que coordinación, el mensaje vuelve a parecer uno de distancia y cautela desde el ámbito federal.
X: @Vic_Montenegro