La otra cara de la economía en Durango
En Durango conviven dos relatos económicos. El del gobernador Esteban Villegas habla de transformación, inversiones, empleos y finanzas en recuperación. El de comerciantes y empresarios jóvenes describe negocios que cierran, ventas insuficientes y dificultades para pagar los compromisos de fin de año. La distancia entre ambos relatos es evidente.
Karen Rivas Santillán, presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes, reconoció que las empresas ya preparan estrategias para cubrir las prestaciones de fin de año. Esperan que las ventas decembrinas aumenten entre 20 y 30 por ciento, aunque en 2025 el repunte previsto nunca llegó. Para los negocios de emprendedores, el aguinaldo puede comprometer la liquidez.
El pequeño comercio ofrece un panorama más preocupante. Lourdes Macías, presidenta de Canacope, reportó cinco cierres durante el último mes y, en total, 25 establecimientos que han bajado sus cortinas en 2026. Las bajas ventas, la falta de trabajo, las rentas más caras y las cargas fiscales redujeron sus márgenes. Para pagar aguinaldos, muchos prevén pedir préstamos: lo harán con menos ingresos y más deuda.
En contraparte, hablar de inversión extranjera, nearshoring o de un buen dato trimestral no basta para afirmar que la economía marcha bien en nuestro estado. El crecimiento agregado no garantiza que los pequeños negocios sostengan empleos formales. Si la transformación no alcanza al comercio cotidiano, sus beneficios llegan de manera desigual.
Los indicadores refuerzan esa cautela. Aunque la actividad industrial avanzó 0.9 por ciento mensual en junio y las manufacturas crecieron 10.7 por ciento, la variación anual industrial fue negativa, de 1.2 por ciento. La construcción cayó 21.3 por ciento anual en julio, con Durango en el último lugar nacional; también disminuyeron el personal ocupado y las horas trabajadas. Además, la economía estatal registró una contracción anual de 0.6 por ciento en el primer trimestre de 2026. Un repunte aislado no revierte el desgaste.
También debe revisarse el argumento de los recortes federales. El Gobierno sostiene que las reducciones en participaciones complican la operación. Sin embargo, los datos de Hacienda para enero-agosto registran transferencias por 28 mil 523 millones de pesos, frente a 27 mil 212.3 millones calendarizados: mil 310.7 millones más, equivalentes al 4.82 por ciento. La cifra no significa que todo el dinero estuviera libre ni resuelve el déficit histórico, pero obliga a precisar qué se considera recorte y cómo se concilia con los recursos recibidos.
El gobernador Esteban Villegas puede destacar que Durango salió del semáforo rojo del buró de crédito y que su administración busca ordenar las finanzas. Pero el orden contable no equivale a bienestar, como anunciar inversiones tampoco significa consolidar empresas y empleos. La pregunta es qué ocurre con la economía cotidiana.
Cuando 25 comercios desaparecen en diez meses y varias empresas -incluidas las de los jóvenes empresarios- hacen cuentas para pagar prestaciones, no basta con pedir confianza en la temporada alta. Se requiere una estrategia que atienda costos, financiamiento, formalización y demanda interna. La formalidad exige condiciones para sobrevivir y competir.
En resumen, la economía de Durango no puede seguir midiéndose únicamente desde el templete del oficialismo. También se mide en las cortinas que se bajan, los empleos que se pierden y los empresarios que se endeudan para cumplir con sus trabajadores. Menos narrativa de transformación y más resultados verificables: esa es la cuenta pendiente.
EN LA BALANZA.- El asesinato de una mujer trans en Durango no puede reducirse a una carpeta de investigación más ni quedar atrapado entre formalismos judiciales y omisiones políticas. La Fiscalía tiene la obligación de investigar con perspectiva de género y considerar las posibles razones de odio, así como aplicar los protocolos correspondientes. El Congreso también debe asumir su responsabilidad por mantener frenadas reformas que podrían garantizar derechos y combatir la violencia contra la población de la diversidad sexual. La discriminación no solo se expresa en prejuicios sociales: también se reproduce desde las instituciones cuando se niegan a reconocer derechos y brindar protección. La justicia para la víctima exige esclarecer el crimen, evitar la impunidad y dejar de postergar una deuda legislativa que ya ha costado demasiado.
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