La paradoja del régimen
En los últimos meses la Presidenta ha mencionado en diversos foros la importancia de la inversión privada para el desarrollo económico del país, reconociendo que el estado es incapaz de generar las condiciones que se requieren para que haya crecimiento económico sostenido.
En este contexto, las "condiciones" significan inversiones, tanto nacionales como extranjeras en las diversas ramas de la economía. Hasta aquí, el discurso es el esperado en cualquier democracia. Ningún estado con una economía de mercado puede invertir todos los recursos necesarios para que su economía tenga crecimiento económico sostenido.
La función del estado en una democracia para fomentar el crecimiento económico tiene mucho más que ver con garantizar un estado de derecho fuerte que ofrezca seguridad jurídica a las inversiones privadas, además de regular los mercados económicos para garantizar condiciones justas para todos los participantes en cualquier sector de la economía.
La paradoja que el Gobierno mismo se ha construido tiene que ver con, por un lado, declarar su necesidad de inversión privada para generar crecimiento económico y por otro, conducir un proceso de destrucción institucional de los mecanismos que hacen posible la seguridad jurídica de las inversiones y la competencia en los mercados.
La destrucción institucional de los últimos siete años le permite al régimen avanzar sin contrapesos en la construcción de su "visión", que en realidad es la visión de cualquier estado autocrático, de lo que significa el control político de la población, entre muchas otras medidas, la cooptación de órganos electorales y elevar el costo personal de intervenir en política.
El último eslabón de esta cadena se dio hace unos días en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, sin sorpresa para nadie, le concedió al gobierno la posibilidad de bloquear las cuentas bancarias (o entiendo que en cualquier entidad del sistema financiero nacional) de cualquier persona física o moral, si el gobierno tiene "indicios suficientes" de que los titulares de las cuentas pueden estar vinculados a diversos delitos, como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Independientemente de los argumentos del Gobierno, que quiere tener herramientas expeditas para combatir estos delitos, lo peligroso de eliminar el control judicial y de utilizar conceptos sin definirlos, como por ejemplo "indicios suficientes" es que estos conceptos pueden contraerse o expandirse de acuerdo a lo que la autoridad administrativa estime en cada caso, lo cual permite al régimen una amplia discrecionalidad respecto a las cuentas que puede bloquear. Esta discrecionalidad le da al régimen la posibilidad, en el extremo, de bloquear cuentas de opositores, críticos, etc.
Es aquí en donde la paradoja que el régimen enfrenta se hace presente. ¿Es posible pedir a empresarios nacionales y extranjeros invertir recursos en un país en donde, en el peor de los casos, sus recursos están sometidos al criterio una autoridad administrativa, no judicial, y en el cual el Poder Judicial está al servicio del régimen y la seguridad jurídica de las personas físicas y morales no se puede pre suponer, sobre todo si el litigio está relacionado a algún asunto de interés estratégico para el régimen?
X: @jesusmenav