Las boletas planchadas
Sin lugar a dudas, el lenguaje electoral es rico y variado, casi tanto como las tentaciones de algunos actores políticos y operadores para tratar de influir ilegalmente en las votaciones. En el argot encontramos las "casillas zapato", donde todos los votos favorecen a una sola candidatura; la "operación carrusel", en la que un grupo de personas sufraga repetidamente utilizando distintas credenciales; el "voto en cadena", mediante el cual un operador entrega fuera de la casilla una boleta previamente marcada; la "operación taco", consistente en introducir simultáneamente varias boletas marcadas; o el "embarazo de urnas", cuando estas ya contienen votos antes de comenzar la jornada. En fin, el límite parece ser la imaginación.
Con dicho contexto, durante estos días cobró vigencia otro término: las "boletas planchadas", que, sin ser un término legal, pone en la lupa ciudadana un fenómeno muy claro. Cuando se vota, obligatoriamente se tiene que doblar la boleta para que quepa por la ranura de la urna; cuando termina la jornada electoral, los funcionarios de mesa directiva de casilla sacan los votos de la urna, los cuentan, levantan actas y guardan todo en el paquete electoral que va a parar a los órganos encargados del cómputo. Precisamente, durante el debate del INE sobre los lineamientos que regularán los cómputos distritales de las elecciones federales de 2027, se recordó que en la elección judicial de 2025 aparecieron boletas sin dobleces, especialmente en Chiapas. El proyecto original proponía que estas boletas fueran separadas, identificadas y resguardadas para que el pleno del Consejo Distrital determinara su validez o invalidez.
Durante la discusión, la consejera Bell presentó otra propuesta que era todavía más cercana al modelo utilizado en 2025: si el Consejo concluía que una boleta definitivamente no mostraba señales de haber sido introducida en la urna, debía contabilizarla como inválida, un modelo muy similar al que había utilizado Durango.
La discusión jurídica, sin embargo, no es sencilla, ya que no contempla expresamente la falta de doblez como causal de nulidad de un voto individual; pero por otro lado, si existe una causal genérica para anular la votación completa de una casilla cuando se acreditan irregularidades graves, irreparables y determinantes que ponen en duda su certeza. Así quedaron enfrentadas dos posiciones: por un lado, quienes sostuvieron que una boleta auténticamente depositada debería mostrar algún doblez y que ignorar esa anomalía debilitaría la certeza del cómputo. Por el otro, quienes señalaron que la ausencia de doblez no demuestra, por sí sola, que el voto sea fraudulento, invalidarlo automáticamente implicaría crear consecuencias que el legislador no estableció, con el riesgo de afectar el derecho al sufragio.
Al final, la propuesta mayoritaria fue que cuando se detecten boletas planchadas, el Consejo Distrital deberá decidir primero si las computa o no. Si advierte una irregularidad, levantará un acta para documentarla; únicamente si decide computarlas procederá después a determinar si contienen votos válidos o nulos. La revisión especial, por tanto, permanece. Será muy interesante saber en qué termina este episodio ante el anuncio de representaciones partidistas de que impugnarían este asunto; veremos qué resuelve el Tribunal y, al final de cuentas, cuál de las posturas prevalece.
X: @omarortegasoria