Legislación sobre IA en Durango: tentación de censura
La inteligencia artificial llegó para transformar prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, incluido el ejercicio periodístico. El problema comienza cuando el poder político pretende regular esa transformación desde el miedo, la improvisación o, peor aún, desde la tentación de controlar la crítica incómoda.
Lo ocurrido en San Luis Potosí es muestra irrefutable de ello, porque detrás del discurso de "combatir los fraudes digitales" parece estar construyéndose un mecanismo peligrosamente útil para perseguir política y jurídicamente a periodistas, comunicadores y cualquier voz crítica u opositora a los gobiernos.
En aquella entidad, tres periodistas fueron detenidos y existen órdenes de aprehensión contra ocho personas más bajo acusaciones relacionadas con el uso indebido de Inteligencia Artificial e identidad digital. Un precedente delicadísimo para la libertad de expresión en México. Al respecto, organismos como Artículo 19 ya señalan persecución judicial y censura institucionalizada.
El caso resulta todavía más preocupante porque las acusaciones derivan de la difusión de contenidos incómodos para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, particularmente un video donde presuntos integrantes del crimen organizado lo señalaban junto con corporaciones estatales.
La gravedad radica en el uso expansivo y ambiguo de una legislación penal sobre inteligencia artificial aprobada apenas en noviembre del año pasado. Una norma construida con conceptos imprecisos, técnicamente débiles y suficientemente amplios como para convertir prácticamente cualquier contenido digital manipulado, editado o satírico en una potencial conducta criminal.
El riesgo es enorme para el libre ejercicio del periodismo y para la democracia misma, pues cuando las leyes se redactan sin precisión jurídica, terminan siendo interpretadas discrecionalmente por gobiernos y fiscalías. Es, en ese tenor, donde Durango tendría que mirar con enorme cautela lo que hoy sucede en San Luis Potosí.
Y es que, mientras en aquel estado del país las organizaciones defensoras de periodistas y comunicadores denuncian el uso político de la legislación sobre IA, aquí el diputado local de Morena, Héctor Herrera Núñez, impulsa prácticamente a ciegas una iniciativa para tipificar delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial en el plano local.
El problema no es discutir la necesidad de actualizar el marco legal frente a nuevas tecnologías -eso es inevitable-, sino hacerlo de manera precipitada, sin consenso técnico, sin participación de especialistas y sin garantías claras para proteger la libertad de expresión y el trabajo periodístico. La preocupación crece aún más cuando se analiza el contexto local.
Durango atraviesa momentos delicados para el ejercicio periodístico. Apenas hace unos días, representantes de Artículo 19 advirtieron sobre un ambiente hostil para la prensa en la entidad, marcado por estigmatización, presiones y utilización del poder público contra periodistas. En ese escenario, cualquier legislación ambigua podría convertirse fácilmente en un instrumento más de persecución. ¡Mucho cuidado!
EN LA BALANZA.- La polémica generada tras las revelaciones de una mujer trans en un podcast local sobre presuntas prácticas sexuales en baños públicos de Durango, volvió a exhibir cómo las redes sociales pueden detonar debates sensibles sobre convivencia y uso de espacios comunes. Más allá del morbo viral, el tema obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar vigilancia y responsabilidad social en sitios frecuentados diariamente por familias y menores de edad, trátese de personas heterosexuales o de la diversidad, sin caer en estigmatizaciones o juicios colectivos.
X: @Vic_Montenegro