Lerdo: la opaca compra de unidades recolectoras de basura

En Lerdo, la polémica por la adquisición poco transparente de 10 camiones, unidades recolectoras de basura, pasó a convertirse en otro síntoma más del excesivo y preocupante ejercicio del poder municipal a cargo de Susy Torrecillas, la alcaldesa y heredera del trono de aquella municipalidad lagunera.

No se debate en el caso la necesidad de las unidades -nadie lo hace-; no obstante, el problema recae con peso sobre la arbitraria forma en que se tomó una decisión, la que compromete alrededor de 30 millones de pesos del patrimonio público para la compra, sin la aprobación expresa del Cabildo lerdense.

El tema estalló cuando el regidor morenista, Gerardo Delgado, puso sobre la mesa el argumento incómodo: un contrato de esta magnitud que no es un acto de simple administración, sino una decisión financiera que trasciende el ejercicio fiscal y, por tanto, debe ser autorizada por el órgano colegiado del Ayuntamiento.

Lo que vino después, fue un intercambio de señalamientos que evidenció dos visiones opuestas del cuerpo edilicio, por un lado la postura oficialista que concibe el hecho como apegado a la legalidad, y por otro el que lo interpreta como un acto abusivo por parte de la presidenta municipal.

Y es que desde la parte oficialista, se insiste en que todo se hizo mediante una licitación pública nacional, con transparencia y de facultades otorgadas en sesiones previas de Cabildo, además de la urgencia de mejorar un servicio público históricamente deficiente. El discurso es conocido: el fin justifica los medios, pero la ley no funciona así.

El cumplimiento de procedimientos administrativos no sustituye la obligación constitucional de someter decisiones patrimoniales relevantes al Cabildo. En contraste, el artículo 115 ha sido invocado como escudo político, pero su lectura selectiva es peligrosa, pues la autonomía municipal no significa gobierno unipersonal.

Cuando se normaliza que una presidenta municipal firme contratos millonarios sin aval del cuerpo colegiado, el problema ya no es un contrato, sino el precedente. La intervención de la diputada local, Georgina Solorio, añade un elemento que no puede ignorarse: la opacidad del gobierno municipal de Lerdo.

A la fecha, los regidores no cuentan con copia del contrato, se desconocen con precisión las características técnicas de las unidades. Sobre todo, persiste la duda sobre si realmente se adquirieron camiones compactadores adecuados o simples unidades disfrazadas de modernización. Lerdo ya vivió episodios similares en administraciones pasadas, donde las compras "legales" terminaron siendo un fraude funcional.

La legalidad no es un trámite opcional ni un estorbo burocrático. Es el límite que protege a la ciudadanía del abuso y de la improvisación. Gobernar con votos no autoriza a gobernar sin contrapesos. En Lerdo, la discusión no es si se necesitan camiones de basura, sino si el poder municipal está dispuesto a respetar la ley cuando esta no le resulta cómoda.

EN LA BALANZA.- Tras el ataque con arma de fuego contra el cantante duranguense Óscar Alvarado a las afueras de un bar, y la declaración del secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, sobre la separación temporal del funcionario involucrado y su eventual deslinde de la agresión, el caso obliga a mirar más allá de la versión oficial. Los antecedentes en Durango demuestran que, cuando elementos o mandos de la SSP se han visto implicados en hechos de esta naturaleza, las explicaciones no siempre han sido confiables y, en muchos casos, han tendido a proteger la imagen de la dependencia y de sus agentes. Existen hechos claros -casos negados pese a evidencias, abusos y muertes sin esclarecimiento pleno- que mantienen a la corporación bajo un persistente manto de desconfianza.

X: @Vic_Montenegro