Leyes retroactivas
Tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum sufren de una terrible envidia. No se han conformado con acaparar todo el poder, tampoco quieren que nadie en el sector público gane más que ellos. o, en algunos casos, más de la mitad que ellos.
En este afán la presidenta Sheinbaum publicó este 10 de abril una enmienda a la Constitución que limita las llamadas “pensiones doradas”. Uno podrá tener cualquier posición sobre si es correcto que algunos empleados o trabajadores de paraestatales hayan logrado pensiones superiores a los 70 mil pesos mensuales, pero lo que no es solo injusto, sino inconstitucional y terriblemente peligroso para el futuro, es aplicar esta ley de manera retroactiva.
La reforma al artículo 127 de la Constitución establece que “las jubilaciones o pensiones. no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las jubilaciones o pensiones deberán ajustarse al límite establecido”. La nueva legislación, como vemos, es retroactiva, pero exenta a las fuerzas armadas, aportaciones individuales y esquemas sindicales; también a las pensiones de los ministros de la Suprema Corte.
Estas pensiones supuestamente doradas son, efectivamente, superiores al promedio de las jubilaciones públicas. Las han recibido personal de confianza y técnicos especializados. Estas pensiones no solo eran legales hasta ahora, sino que estaban especificadas en los contratos de los beneficiarios. Representaban un incentivo para que los especialistas permanecieran en el servicio público en lugar de irse al sector privado donde se pagaba mucho más.
Para obtener apoyo político para la iniciativa, la presidenta ordenó o permitió que se divulgaran datos financieros personales de muchos jubilados, en violación al derecho a la protección de datos personales, algunos con pensiones de apenas 10 mil pesos mensuales. Para colmo, había errores en la información: se presentaron cifras de pensiones supuestamente superiores al millón de pesos mensuales, que en realidad eran muy inferiores. Nada, sin embargo, impidió que la presidenta impusiera esta iniciativa nacida de la envidia.
Yo no estoy de acuerdo con limitar los sueldos de funcionarios públicos a lo que gana la presidenta, especialmente después de que su predecesor se recortó el sueldo por razones políticas. Hay cargos que requieren de un conocimiento especializado en los que es importante tener personal realmente capacitado. Muchos de los costosos errores de la 4T han surgido de su insistencia de tener a funcionarios ineptos en puestos de responsabilidad. Mucho menos correcto me parece que se establezca un límite de solo la mitad del sueldo oficial de la presidenta para pensiones y jubilaciones. Tan la presidenta sabe que esto es injusto, que ha exentado a las fuerzas armadas, cuyo respaldo necesita tanto.
Aun suponiendo que se acepte un límite legal a sueldos y jubilaciones, la retroactividad es inaceptable. Esta viola un principio fundamental del derecho, plasmado en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Lo peor es que esto puede ser el inicio de nuevos atentados sistemáticos contra el estado de derecho de nuestro país. Ya la Corte del acordeón ha aceptado que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas bancarias sin orden de un juez, lo cual viola la presunción de inocencia y la garantía de audiencia, pero esta nueva legislación abre las puertas a las leyes retroactivas, las cuales acabarían con cualquier certeza jurídica en nuestro país.
SIN SALIDA
Nadie lamenta el descabezamiento del régimen iraní, una de las peores dictaduras, pero es claro que Trump atacó Irán sin entender las consecuencias, sobre todo para el mercado petrolero. Hoy trata de salir del problema, pero el daño persistiría meses o años.
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