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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga formalmente las presuntas prácticas monopólicas derivadas de la eliminación del ascenso y descenso en el futbol profesional mexicano. La indagatoria atiende denuncias y solicitudes interpuestas ante el órgano garante, señalando que la supresión de la movilidad deportiva pactada por los dueños de los clubes de la Liga MX constituye una barrera ilícita de entrada a nuevos competidores en el mercado.
El sistema tradicional de promoción fue suspendido en 2020 bajo el argumento formal de sanear las finanzas de los equipos tras la crisis sanitaria. Sin embargo, la medida se extendió indefinidamente mediante multas a los coleros del cociente y la creación de la Liga de Expansión. Esta determinación congeló la estructura competitiva en dieciocho plazas, blindando comercialmente las inversiones privadas del circuito principal.
Buscan una 'justa competencia'
Desde la perspectiva de la competencia económica, las denuncias sostienen que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) incurrió en acuerdos para restringir el acceso al mercado. Al impedir el ascenso por mérito deportivo, se monopolizan los derechos de transmisión, los patrocinios comerciales y las taquillas de alto impacto, distorsionando la equidad comercial en el sector del entretenimiento deportivo nacional.
A la acción regulatoria se suma la admisión de juicios de amparo en el Poder Judicial de la Federación. Dichos recursos legales cuestionan la constitucionalidad de las reglamentaciones internas de la FMF, argumentando que las decisiones de un ente privado no pueden vulnerar el derecho a la libre competencia ni el desarrollo laboral de futbolistas y directivos de la categoría subalterna.
Una situación que ha llevado al debate
El cierre del circuito deportivo ha provocado una severa desvalorización comercial en la Liga de Expansión. Inversionistas señalan que la ausencia de un incentivo competitivo reduce el valor financiero de las franquicias, espanta el patrocinio privado y degrada el espectáculo, afectando a proyectos regionales que cuentan con estadios e infraestructura adecuada para participar activamente en el máximo circuito profesional.
La intervención de los tribunales y los órganos de competencia sienta un precedente clave para la gobernanza del deporte nacional. De comprobarse la existencia de prácticas anticompetitivas, la FMF podría enfrentar multas millonarias y la imposición de medidas correctivas urgentes, obligando a los propietarios a reestructurar el sistema deportivo y reabrir el ascenso y descenso bajo criterios totalmente transparentes y equitativos.