Lo que está en juego en La Laguna (II)
Conviene además desmontar un lugar común. No voy a sostener que en el sector energético sea imposible delinquir, porque sería falso. Sostengo algo más contundente: en este sector es prácticamente imposible esconderlo. Una terminal de estas dimensiones opera bajo un régimen de vigilancia que pocos dimensionan desde fuera. Permiso federal de almacenamiento. Controles volumétricos con equipos de medición certificados y dictámenes periódicos. Reporte a la autoridad fiscal de cada litro que entra y de cada litro que sale. Autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y operativa, ferroviarias, estatales y municipales. Verificaciones y procedimientos sancionatorios a cargo del regulador. Y tratándose de combustible importado, controles aduanales y fiscales de los dos lados de la frontera. Cada movimiento deja huella documental, fiscal y física. Dicho de otro modo: este expediente no se resuelve con adjetivos, se resuelve leyendo registros.
Y si los registros están en orden, lo estarán de manera verificable; si no lo están, también quedará demostrado.
Hay otros dos elementos que la cobertura nacional pasó por alto. El primero: no hubo un solo detenido, y todo indica que no los habrá, porque los clientes de la terminal están entregando junto con la empresa la documentación sobre la procedencia legal del producto. El segundo, y es de técnica jurídica elemental: lo que existe es una clausura y un procedimiento de revisión que se ha prolongado, no un decomiso. Son figuras distintas y producen consecuencias distintas. Llamarle decomiso histórico a una revisión en curso no es una imprecisión menor cuando de por medio va el nombre de una empresa y de una familia.
Vale la pena también poner el caso en su contexto nacional, porque ayuda a entender qué es y qué no es el huachicol fiscal en México. El año pasado, la propia procuradora fiscal de la Federación informó al Congreso que el daño al erario por contrabando de combustible asciende a unos 600 mil millones de pesos, y que esa red la operaron marinos a cargo de aduanas, agentes aduanales, funcionarios de distintos niveles de gobierno y pseudoempresarios. De esa cifra, apenas 16 mil millones contaban con denuncias y carpetas. Ahí está el huachicol de verdad: institucional, aduanal, con nombres que todavía no conocemos y con muertos de por medio. Que los reflectores apunten con tanta energía a una terminal lagunera mientras aquel expediente sigue sin resolverse es, cuando menos, una desproporción que merece señalarse.
Porque el costo de esta historia ya se está pagando aquí. El titular recorrió el país en cuestión de horas, ligado al apellido de una familia de Torreón, antes de que existiera una sola determinación sobre el origen del producto. Si la documentación resulta correcta —y todo apunta a que así será—, ¿quién devuelve cincuenta y nueve años de reputación? ¿Quién responde por los clientes que se retraen, por el financiamiento que se encarece, por los proyectos que se posponen, por los empleos que se ponen en riesgo? En una región que vive de la confianza para atraer inversión, un juicio anticipado no castiga a dos hermanos: castiga a miles de familias laguneras cuyo sustento depende de que esas empresas sigan operando. Por eso no sorprende que la Canacintra Torreón, los Empresarios Unidos de Ciudad Industrial Torreón y buena parte de la sociedad lagunera hayan salido a respaldarlos. No es corporativismo: es una comunidad que conoce a los suyos y que sabe lo que está en juego.
No pido trato preferencial para nadie y no me corresponde declarar inocente a nadie; eso lo determinará la autoridad y, en su caso, un juez. Lo que pido es el orden lógico elemental: investigar, acreditar y después, si procede, acusar. Que la Fiscalía haga su trabajo con todo el rigor que el caso amerita y que la empresa entregue hasta el último comprobante, porque tiene la obligación y porque le conviene. Pero que nadie confunda una revisión administrativa con una sentencia, ni una terminal regulada con una bodega clandestina. En un país donde el combustible se roba en serio, en grande y desde adentro de las instituciones, distinguir con precisión quién es quién no es un favor a los empresarios: es la única manera de que el combate al huachicol sea creíble.
La Laguna se construyó con gente que invirtió cuando era más fácil irse. Defender el debido proceso para quienes lo hicieron no es defender privilegios; es defender la posibilidad de que alguien más se anime a hacerlo mañana.