Rebelión. Los cristeros fueron feligreses que se rebelaron a las disposiciones legales que les limitaban la libertad de profesar.
A un siglo del inicio de la Guerra Cristera, Durango vuelve la mirada a uno de los episodios más complejos y menos difundidos de su historia contemporánea. Más allá de las breves menciones en los libros escolares, este conflicto representó una ruptura social en el país durante la etapa posrevolucionaria, con efectos que se extendieron a la vida cotidiana, la organización comunitaria y la relación entre el Estado y la Iglesia.
El origen de la confrontación no puede entenderse como un hecho aislado, sino que formó parte de una prolongada historia de tensiones que comenzó desde la época colonial, cuando la Iglesia operaba bajo el amparo de la Corona española. Tras la Independencia, los gobiernos mexicanos buscaron redefinir ese vínculo, lo que derivó en disputas que se intensificaron con las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917. Estas disposiciones limitaron la participación eclesiástica en la vida pública y sentaron las bases para una política más restrictiva que alcanzó su punto crítico durante el gobierno de Plutarco Elías Calles.
EL DETONANTE
La llamada "Ley Calles", aplicada a partir de 1926, estableció controles sobre el número de sacerdotes, restringió el culto público y colocó a los ministros religiosos bajo supervisión estatal. Según lo expuesto por el presbítero Alejandro Vacio, historiador de la Arquidiócesis de Durango, estas medidas generaron un ambiente de incertidumbre entre la población, particularmente en regiones donde la práctica religiosa formaba parte central de la vida comunitaria. En un contexto con limitada difusión informativa, las disposiciones de la "Ley Calles" se conocieron de manera gradual, lo que incrementó el desconcierto y la reacción social.
En entrevista realizada en el foro de El Siglo TV, el Historiador de la Arquidiócesis detalló que las primeras respuestas no fueron armadas, pues se registraron intentos de resistencia pacífica, como el boicot económico impulsado por organizaciones civiles. Sin embargo, la escalada de tensiones derivó en un levantamiento armado, caracterizado por tácticas de guerrilla.
A diferencia de lo que sería un ejército formal, los grupos conocidos como cristeros operaban en zonas rurales, aprovechando su conocimiento del terreno para enfrentar a las fuerzas federales. En Durango, el conflicto se concentró principalmente en los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, así como zonas limítrofes de Mezquital con Zacatecas, Jalisco y Nayarit.
Alejandro Vacio enfatizó que localidades como Chalchihuites y áreas cercanas se convirtieron en puntos de actividad, mientras que en la capital duranguense no se registraron incursiones directas. Uno de los momentos que marcó el desarrollo del conflicto en la región fue la ejecución, en agosto de 1926, de sacerdotes y laicos, hecho que intensificó la movilización armada.
A nivel nacional, la Guerra Cristera tuvo mayor presencia en estados como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, aunque su influencia se extendió a otras entidades. Investigaciones de autores como Jean Meyer han documentado su dimensión como una guerra de carácter social, en la que participaron distintos sectores, desde campesinos hasta integrantes de clases medias. La intervención de mujeres en labores logísticas y de apoyo, así como la organización de redes civiles, reflejan la amplitud del movimiento.
En los archivos de la Arquidiócesis se tiene registro de que el impacto del conflicto también se manifestó en la vida diaria, pues las celebraciones religiosas se trasladaron a la clandestinidad, los templos permanecieron cerrados durante periodos prolongados y parte del patrimonio religioso fue resguardado para evitar su pérdida.
CULMINACIÓN
El conflicto concluyó formalmente en 1929 mediante acuerdos entre el Gobierno mexicano y la jerarquía eclesiástica, con mediación internacional. Estos arreglos no implicaron la eliminación de las leyes en disputa, sino una aplicación menos estricta de las mismas. La pacificación, por tanto, fue gradual y dejó secuelas en las comunidades involucradas, así como en la relación institucional entre Iglesia y Estado.
A 100 años de distancia, la Guerra Cristera persiste en la memoria histórica de algunos sectores del país. En Durango, la Arquidiócesis está organizando algunas actividades conmemorativas de este centenario con actividades académicas, religiosas y culturales que buscan ampliar el conocimiento sobre este episodio y que se irán difundiendo a través de sus cuentas de redes oficiales.
