Nace la Red Nacional de Ríos México

La red hidrográfica nacional enfrenta un proceso de deterioro creciente, que se expresa en la dramática disminución de sus caudales, en la fragmentación y represamiento de sus ríos, en la pérdida de calidad y disponibilidad de su agua, en la degradación de ecosistemas acuáticos y ribereños, en la pérdida de biodiversidad y en el incremento de conflictos socioambientales relacionados con el acceso, uso y control del agua y los territorios.

Estas afectaciones comprometen funciones ecológicas esenciales de los ríos y repercuten directamente en las condiciones de vida, la salud, las actividades productivas, la identidad cultural y las formas de organización de numerosas comunidades que dependen de ellos.

La situación de los ríos en México y sus consecuencias reflejan bien los desequilibrios de poder históricos que han favorecido la lógica de apropiación y explotación de los bienes colectivos naturales por actores económicos con una elevada capacidad de influencia política, mientras que las consecuencias ambientales, sociales y culturales suelen ser asumidas principalmente por comunidades indígenas, campesinas, ribereñas y grupos urbanos marginados, quienes enfrentan algunos de los más grandes problemas ambientales.

Estas dinámicas tienen raíces históricas profundas y se expresan en formas persistentes de exclusión que limitan la capacidad de muchas comunidades para participar en las decisiones relacionadas con el agua, los territorios y los proyectos que los afectan.

Asimismo, suelen traducirse en una distribución desigual de los beneficios y costos asociados al aprovechamiento de los bienes colectivos, asi como en la desvalorización de conocimientos, prácticas y formas comunitarias en relación con los ríos y los territorios.

La persistencia de estas condiciones contribuye a reproducir situaciones de vulnerabilidad ambiental y social en numerosos territorios del país.

Por todo ello, representantes de comunidades y de pueblos originarios, redes y organizaciones sociales provenientes de diversos estados del país "nos convocamos entre los días 23 y 26 de octubre de 2026 con el fin de unir fuerzas para la defensa de los ríos en nuestros territorios."

"Luchamos por conservar nuestros rios libres, sanos, vivos; para que sigan fluyendo y continúen dándonos vida; y para que sean considerados sujetos de derecho, con la participación de las comunidades y de los pueblos."

Lo dicho hasta aquí es el pronunciamiento íntegro de la naciente Red Nacional de Ríos México, fechado el 25 de octubre de 2026 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

AGUA PARA TODOS

Mientras en el sureste mexicano nacía la Red Nacional de Ríos, se llevaba a cabo el VIII Congreso Nacional Agua para Todos Agua para la Vida en la Universidad Autónoma Chapingo, en Texcoco, Estado de México.

Ahí, organizaciones y comunidades de 25 estados acordaron exigir cambios en la política hídrica nacional y ejecutar planes de acción contundentes para hacer frente al fracking, a la contaminación, a la minería tóxica, a la sobreexplotación, al acaparamiento, a los trasvases, a la corrupción y a la criminalización de defensores del agua y el territorio.

Tras 14 años de luchas articuladas, el Congreso destaca logros: el anuncio de que no habrá fracking en la Huasteca Potosina, la cancelación de presas y trasvases proyectados sobre el Río Sonora para llevar agua a Hermosillo, la sentencia 543 que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a recuperar el Acuífero Principal Región Lagunera, así como a reintegrar derechos ejidales de agua del Distrito de Riego 017; y el triunfo de la comunidad de Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, que obtuvo la cláusula definitiva de la megagranja porcícola Santa María/Pecuaria Peninsular, propiedad de la familia Loret de Mola, aparcera del Grupo Porcicola Mexicano (Keken).

Al rendir homenaje a caídos en la lucha, en particular a Alvaro Arvizu, de Tlalmanalco, Estado de México, Agua para Todos reafirma su compromiso con el buen gobierno del agua, "a pesar de la reciente aprobación de un paquete legislativo que perpetúa la salinista Ley de Aguas Nacionales y promulga una Ley General de Aguas meramente declarativa pero sin efectos reales"

Subraya que los gobiernos elegidos con el mandato de poner fin al modelo neoliberal tienen la obligación de realizar los cambios estructurales requeridos.

Mas enfatiza que los grandes avances sólo han sido posibles a través de dinámicas amplias de organización interna, construcción de alternativas y movilización desde las comunidades y la ciudadania.

En tal sentido, busca la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la aprobación de una legítima Ley General de Aguas que cumpla con el mandato constitucional de garantizar el acceso equitativo y sustentable a través de la participación comunitaria y ciudadana.

Pronuncia catorce demandas relacionadas a problemáticas regionales y nacionales; a la Ley General de Pueblos Indígenas, a los sistemas comunitarios de agua, al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, a los proyectos de Centros de Datos en México, a la crisis del agua en la metrópoli de Guadalajara, a la presa Mujer Solteca en Oaxaca, al trasvase de Hidalgo a la Cuenca de México, a la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en Puebla, Saltillo, Aguascalientes, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo, y a la cancelación de contratos con empresas del Estado de Israel.

Además, pide la libertad de 29 personas del área de Dinamita, Durango, y cese la criminalización de defensores de derechos en Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Finalmente, se pronuncia contra la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, la planta de licuefacción de gas en Guaymas, Sonora, y la planta de amoniaco Fermachem en la Región Lagunera.

De esta manera, octubre culmina con el VIII Congreso Nacional Agua para Todos y -con dinámica propia, con el nacimiento de la Red Nacional de Ríos México.

kardenche26@gmail.com